La falta de liquidez de Camps retrasa más el aeropuerto de Castellón

La concesionaria ni siquiera ha solicitado los permisos de vuelo

La situación económica del aeropuerto de Castellón es crítica, cuando todavía no han comenzado a aterrizar aviones y ni siquiera se han solicitado al Ministerio de Fomento los permisos de vuelo. La crisis se agrava por el impago de 17 millones de euros del Gobierno valenciano a la empresa concesionaria de las instalaciones.

La falta de liquidez del Gobierno que preside Francisco Camps impide que se cumplan las exigencias de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para solicitar los permisos de vuelos que harían operativo el aeropuerto.

La deuda de la Generalitat corresponde al impago de 11 millones de euros por atrasos en las obras, más cuatro por sobrecostes del proyecto y 2,4 correspondientes al pago del último plazo del préstamo concedido para financiar la infraestructura aérea.

El consorcio de entidades financieras integrado por el Banco Santander, el Banco de Sabadell, La Caixa-Banco de Investimento, Caja San Fernando, Deixa Sabadell Banco Local y Natexis Banques Populaires ha declarado el vencimiento del préstamo de más de 30 millones de euros concedido en su día para financiar la infraestructura, según fuentes aeroportuarias, porque el Gobierno no ha pagado en la fecha límite establecida para ello, el pasado 31 de marzo, el último plazo de 2,4 millones de euros.

El consejero de Economía de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, admitió ayer la deuda, aunque aseguró que el Ejecutivo autónomo hará efectivo este pago "antes de que acabe el mes o a principios del siguiente".

Pero no es la única obligación financiera contraída por el Gobierno valenciano con el aeropuerto que hasta la fecha ha sido incumplida. Gerardo Camps también reconoció que todavía adeudan alrededor de cuatro millones de euros a Concesiones Aeroportuarias por sobrecostes en la obra, y esta empresa añade otros 11 millones de euros en atrasos a la constructora del aeropuerto que debieron pagarse en diciembre del paso año.

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El impago del Ejecutivo ha provocado el incumplimiento del contrato de gestión del aeropuerto, en el que Concesiones Aeroportuarias, integrada por las empresas Globalvía, Lubasa y PGP, se comprometía a prescindir del cobro de la cláusula de seis euros por cada pasajero de menos de los 600.000 anuales previstos durante los ocho primeros años de explotación, a cambio del reequilibrio económico del aeropuerto. Otro problema más que añadir a un proyecto que no acaba de despegar.

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