El código ético del Gobierno obligará a los directivos de todo el sector público

En un contexto marcado por el conocimiento de casos de presunta corrupción o irregularidades por parte del anterior Ejecutivo, el consejo de Gobierno aprobó ayer el Código de ética y buen gobierno que tenía comprometido en su calendario de normas y planes para esta legislatura. La portavoz, Idoia Mendía, lo presentó como un intento de introducir "una nueva cultura de los servicios públicos" y de prestar al ejercicio del poder un plus de legitimación "que devuelva a la ciudadanía la confianza en la política".

Mendía explicó que por ética y buen gobierno se entiende "la ausencia de corrupción, fraude, arbitrariedad, incompetencia, despilfarro, ineficacia e ineficiencia". Además de con la legislación vigente, el código compromete a sus firmantes con la neutralidad y la objetividad, la eficacia, la eficiencia y la rentabilidad social; la dedicación plena, la buena fe y la ejemplaridad; la austeridad y la honradez; la transparencia accesibilidad y confidencialidad; la participación y la cooperación ciudadana y la responsabilidad y colaboración.

Mendía desvincula la iniciativa de las irregularidades del Ejecutivo anterior

El código obligará a los miembros del Gobierno, incluido el lehendakari, los altos cargos del Ejecutivo, el personal eventual de confianza -asesores- y todos los cargos directivos al servicio de la administración. En este último apartado están comprendidos los destinados en el amplio sector público de la comunidad autónoma, desde los organismos autonómos a los entes públicos de derecho privado, pasando por las sociedades públicas, las fundaciones y los consorcios. Buena parte de las irregularidades han tenido lugar en ese tipo de organismos con amplia autonomía de actuación.

Mendía evitó vincular la aprobación del documento con la proliferación de casos que instruyen los juzgados o investiga el Parlamento. En los tres últimos años se han sucedido, entre otros, los casos Guggenheim, Balenciaga, Margüello, De Miguel y Tellería. Otras actuaciones, como las ayudas a la empresa Epsilon Euskadi están también en cuestión, con la grave sospecha de ilegalidad que podría provocar la exigencia de su devolución por la Unión Europea.

La conveniencia de un código así no implica que los preceptos que contiene no estén cumpliendo, dijo. "Pero creemos que es necesario hacer este compromiso de manera pública y que pueda ser testado" a lo largo del tiempo. El código pretende establecer "un marco de transparencia y eficacia adicional a lo legalmente establecido", según recoge su propio texto.

Mendía explicó que la adhesión al documento aprobado ayer -que será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y en la página del Gobierno Irekia.com para que cualquier ciudadano puede conocer en su integridad el contenido- será en adelante un requisito previo a la ocupación de un cargo en la administración general. Para los actuales, el Gobierno ha previsto remitir a todos y cada uno de ellos un ejemplar del código con un formulario para estampar su firma y el plazo de quince días para hacerlo. Aunque la adhesión solo puede ser voluntaria, la portavoz adelantó que el Gobierno "no comprendería" que nadie que pertenezca a él o esté en su estructura rehusara hacerlo. "Evidentemente, lo firmaremos todos, empezando por los miembros del consejo de Gobierno y a partir de ahí, en cascada, hacia abajo", dijo.