La juez investiga el patrimonio del exconsejero Fernández y su familia

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha ordenado a la policía que investigue el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, así como el de su esposa, los padres e hijos de ambos, sus hermanos y las parejas de estos últimos. Es decir, la familia de Fernández al completo. La magistrada comunicó su decisión a las partes ayer, en plena campaña electoral. "Estoy encantado porque no tengo nada que ocultar", declaró el exconsejero, acusado por Alaya de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

La magistrada decreta en un auto este análisis del capital y los bienes inmobiliarios de los familiares de Fernández, y extiende la medida a las familias del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el intermediario y conseguidor Juan Lanzas y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

"Estoy encantado porque no tengo nada que ocultar", contesta Fernández

La juez pregunta a la Junta si pagó ayudas con partidas diferentes a la 31L

La instructora aclara la imputación de Fernández por ser "indiciario conocedor" de las pólizas ilegales que realizó Guerrero a los intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas), por conocer los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta expuso ante el procedimiento para conceder las ayudas públicas, y finalmente por su inclusión en 2008 en el ERE de la empresa González Byass, donde Fernández dejó de trabajar en 1981.

El exconsejero, hoy presidente del Consejo Regulador de los vinos de Jerez, solicitó entonces una excedencia y por ello estuvo incluido en el expediente. Este ERE incluía 31.419 euros que cobrará cuando esté desempleado o se jubile, y una póliza por 386.000 euros que el exconsejero rechazó cobrar al no firmar su adhesión a la póliza ni sumarse a la asociación que crearon los empleados afectados.

Mientras, la juez achaca a Guerrero haber ordenado "por razones de amistad, parentesco o militancia en el PSOE" la inclusión de 13 de los 72 intrusos identificados por la Junta en su investigación interna. La juez subraya que Guerrero realizó pólizas ilegales para tres amigos además de su suegra. El exdelegado de Empleo Antonio Rivas está acusado por haber aprobado el ERE de Mercasevilla de 2007, que la juez considera fraudulento ya que la plantilla se mantuvo con los mismos trabajadores pese a un ERE anterior de 2003, y por conocer "indiciariamente" la inclusión del intruso Antonio Garrido Santoyo en dicho ERE. Por último, Alaya le imputa haber "podido favorecer" a su cuñado José Antonio Márquez, intruso que figura en la póliza de la empresa Surcolor.

La causa de los ERE avanza y ya están imputadas 29 personas entre ex altos cargos de la Consejería de Empleo y la empresa Mercasevilla, intermediarios, sindicalistas, y familiares y amigos de todos ellos. La juez ha imputado en este último auto a 14 intrusos, previamente detenidos por la policía, entre ellos el exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo.

La juez, que ya amplió sus pesquisas a todos los expedientes subvencionados por la Junta, incluidos los ERE muertos que el Gobierno ya finalizó de pagar, ha pedido a la Junta los informes realizados sobre dichos expedientes que Empleo no ha investigado. Por otra parte, Alaya requiere a la Cámara de Cuentas "toda la documentación que posean sobre ayudas excepcionales" realizadas por Empleo. La instructora ha abierto piezas separadas para cada una de las empresas cuyos expedientes contaron con subvenciones públicas.

Alaya hace hincapié sobre las irregularidades del ERE de Hitemasa, y pregunta a la Junta por las ayudas pagadas con las partidas 31L y 22E, y si se pagaron ayudas con alguna otra partida presupuestaria. El vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, preguntó hace dos semanas a Empleo si existe un "fondo B" para pagar los ERE, distinto del "fondo de reptiles". Por último, la juez selecciona 25 de las más de 500 empresas que recibieron subvenciones a ERE y ayudas directas desde 2001 y ordena a la policía que las investigue.