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El PNV y el PP reclaman más cambios en la gestión de las ayudas sociales

Los nacionalistas exigen que las subvenciones de emergencia pasen a Lanbide

El cambio legal necesario para que la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda pase de las Diputaciones y los Ayuntamientos a Lanbide, uno de los proyectos estrella del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, no parece que vaya a salirle gratis al Gobierno.

Las enmiendas de los grupos parlamentarios a la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social se hicieron públicas ayer, dejando claro que los socialistas, que no presentan ninguna, deberán ceder en algunos puntos para sacar adelante el cambio, bien por el camino del endurecimiento de los criterios para acceder a las subvenciones planteado por el PP, bien por la inclusión de las Ayudas de Emergencia Social (AES) en Lanbide que exige el PNV.

El PP quiere aprovechar la necesidad del cambio legal y su condición de socio preferente del Ejecutivo, que no tenía en 2008, para tratar de endurecer los criterios en consonancia con lo que exigió durante el proceso de creación de la norma.

El PNV, por su parte, pide que las ayudas de emergencia también pasen a Lanbide desde los Ayuntamientos -en ello coinciden con las propuestas de Aralar, EB y EA-, algo que el Ejecutivo socialista ha rechazado continuamente, y que el cambio tarde un año en entrar en vigor.

Los cambios del PP para la ley son los más contundentes y van más allá de la modificación originaria del trámite parlamentario. La principal propuesta radica en obligar al solicitante a llevar cinco años empadronado en Euskadi para lograr las ayudas -hoy se necesitan seis meses para AES y un año para el resto-, lo que pone dificultades para los inmigrantes. Este partido pide un empadronamiento continuo en Euskadi en los dos últimos años. "Queremos garantizar que las ayudas lleguen a quien realmente las necesite", explicaba ayer la popular Laura Garrido.

Además exige más controles de las ayudas y endurecer los castigos por incumplir los requisitos. Si se rechaza un trabajo de forma injustificada, el PP plantea extinguir la ayuda -lo que obligaría a esperar un año para volver a pedirla-. Lo mismo que si se prolonga por más de seis meses una suspensión temporal por no cumplir con las obligaciones cuando se está recibiendo la ayuda y si se suspende más de dos veces en dos años.

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En cuanto a las AES, apuesta por un término medio: permitir hacer los trámites burocráticos de las ayudas en los ayuntamientos para garantizar la proximidad, ya que Lanbide no tiene oficinas en todos los municipios.

El resto de partidos que han presentado enmiendas -el PNV, Aralar, EA y EB- abogan por trasladar las tres ayudas a Lanbide. De este modo, se evitarían polémicas como la que en 2010 enfrentó a la consejería de Gemma Zabaleta con los ayuntamientos por la financiación "insuficiente" de AES por parte del Ejecutivo, que obliga históricamente a los consistorios a pagar parte de las AES con su dinero.

Entre el resto de enmiendas, Aralar hace hincapié en reforzar la financiación a los consistorios para que contraten personal de refuerzo en los servicios sociales y solicita más coordinación con estos. Tanto Aralar como EB exigen descartar por ley la limitación de dos ayudas por cada casa. EB solicita, además, que el convenio de inclusión activa -compromete a las personas a trabajar por su inclusión social y laboral- que firman todos los perceptores de ayudas sea diferente para quienes cobren la RGI para complementar un sueldo bajo.

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