Los jueces preparan la imputación de Camps por financiación ilegal del PP

La sala requiere a altos cargos valencianos que se acrediten como aforados

El Tribunal Superior de Justicia valenciano dio ayer el primer paso para asumir la investigación del grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel. En ella figuran múltiples indicios, respaldados por la fiscalía, de que la cúpula del PP regional y varios de los principales altos cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron graves delitos de corrupción (prevaricación, cohecho, financiación ilegal y delitos fiscales) como consecuencia de las intensas relaciones y los muchos negocios que hicieron durante años con la red que dirigían Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) requirió ayer a Milagrosa Martínez (presidenta de las Cortes Valencianas y candidata), David Serra (vicesecretario del PP-CV, diputado y candidato), Yolanda García (tesorera del PP-CV, diputada y candidata) y Ricardo Costa (ex secretario general del PP valenciano, diputado, portavoz parlamentario de Economía, candidato e imputado en el caso de los trajes) que acrediten su "actual condición de aforados por su pertenencia a la Diputación Permanente", una vez que el Parlamento autónomo ha sido disuelto por las elecciones del 22 de mayo.

El tribunal puede actuar contra ellos antes del 22-M por cuatro delitos

La solicitud del tribunal es un paso necesario antes de asumir la competencia de la investigación, que fue remitida por el instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, e imputarlos por los citados delitos. En dicha inhibición constan también como presuntos autores de delitos de corrupción Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat), Cristina Ibáñez (administradora del PP-CV), Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo e imputado también en el caso de los trajes), Luis Bárcenas (extesorero nacional del PP) y Pedro García (exdirector de Canal 9). El TSJCV no requiere a estos últimos para que se acrediten porque no son aforados, dado que no forman parte de la Diputación Permanente, aunque Rambla ha sido diputado esta legislatura y vuelve a presentarse.

La decisión de asumir la competencia afectará, sin embargo, a todos, aforados o no. ¿Cuándo se adoptará? Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que tendrá lugar en breve, pero dentro del ritmo normal de un órgano judicial: poco antes o después de las elecciones del 22 de mayo. Si fuera antes, las listas valencianas del PP resultarían aún más difíciles de digerir, al aumentar de cinco a nueve el número de candidatos imputados por corrupción.

La providencia dictada por el tribunal permite empezar a ver la secuencia completa de la corrupción masiva que la trama Gürtel presuntamente desarrolló en Valencia al calor del Gobierno y el PP regionales, a cuyo frente estaba y está Camps. Según las pruebas recabadas, que ocupan 68 DVD, las empresas de la red obtuvieron cerca de ocho millones de euros adjudicados de forma irregular por la Generalitat, con contratos parcelados para eludir los controles legales, ganados incluso cuando presentaban la oferta más cara. La rapiña alcanzó los fondos públicos destinados a cubrir la visita del Papa a Valencia. Y, siempre según la investigación, las empresas de la red ayudaron electoralmente al PP-CV, al servir de vehículo a las aportaciones ilegales que ocho constructoras hicieron a sus últimas campañas. Para engrasar esa maquinaria, la red regaló joyas, relojes, artículos de lujo e incluso un vehículo a los principales cargos de la Generalitat. Por parte de esos obsequios (12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, por valor de 14.021 euros), Camps está muy cerca de sentarse en el banquillo.

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Jorge Alarte (PSOE), Francisco Camps (PP) y Enric Morera (Compromís), en un debate en Canal 9.
Jorge Alarte (PSOE), Francisco Camps (PP) y Enric Morera (Compromís), en un debate en Canal 9.JORDI VICENT

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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