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Editorial:

Riesgos autonómicos

La vitalidad de la coordinación fiscal es crucial para despejar dudas sobre los déficits públicos

La deuda pública española sigue siendo inferior al promedio de la europea. Desde luego, a la de los Gobiernos que están sufriendo en mayor medida la actual crisis en los mercados de bonos. Pero España comparte con aquellas un renovado ascenso de la prima de riesgo, aunque significativamente menor que el experimentado por Grecia, Irlanda y Portugal.

Uno de los aspectos que singulariza la consideración del riesgo español es el derivado de la incertidumbre generada por la situación de las finanzas de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos. Entre los inversores, en especial los no residentes, la transparencia y la disposición de información relevante a este respecto es básica. La articulación de la organización financiera del Estado sigue transmitiendo componentes de provisionalidad. Transmite, entre otras cosas, que no existe un patrón concreto: cabe la sorpresa, ya sea en las capacidades de emisión de deuda o en la posibilidad de afloración de pasivos no reconocidos o incorrectamente contabilizados, como ha sido el caso de Cataluña tras el cambio de Gobierno. Que esa posibilidad se repita tras las próximas elecciones autonómicas y municipales es un factor de inquietud entre los potenciales financiadores de la deuda de las Administraciones públicas. Por eso, entre otras razones, era importante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer.

Se ha renovado el compromiso de que los déficits no superen el 1,3%, 1,1% y 1% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Ha sido precisamente el consejero catalán el que ha advertido de las probabilidades de incumplimientos. La aprobación de algunos de los planes de reequilibrio económico-financiero que se han presentado (Castilla y León, Murcia, Cantabria, Asturias, Galicia, Aragón y Canarias) es otra señal de que el Gobierno central controla la situación, aun cuando en el próximo consejo deberá decidir sobre los seis que no están en el acuerdo, entre ellos el de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Con independencia de otros asuntos más o menos controvertidos, como la asignación de los fondos de competitividad, cuyo pago a Cataluña aprobó ayer el Senado, lo relevante es que ese consejo dé muestras de vitalidad en un momento tan particularmente delicado como el actual. Hace tiempo que esa institución, creada en 1980 por la LOFCA, debería haberlo hecho. Casi tan importante como la naturaleza de los acuerdos es mantener activa una coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas; de todo punto necesaria, particularmente en momentos como los actuales, en los que los mercados financieros siguen alimentados por la desconfianza no tanto en la solvencia de los Estados, sino precisamente de la capacidad de las instituciones europeas de ejercer esa mínima coordinación fiscal que no puede faltar ahora en España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de abril de 2011