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Editorial:

Cuentas opacas

Los partidos prefieren usar la corrupción como arma electoral antes que combatirla

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano dependiente del Consejo de Europa, considera que la financiación de los partidos políticos sigue siendo uno de los grandes capítulos pendientes en España. En un informe anterior, el Greco sugirió la necesidad de aplicar seis medidas para hacer más transparentes las cuentas de las fuerzas políticas. En el nuevo informe ha constatado que solo dos se han adoptado, aunque de manera insuficiente: el refuerzo de los medios a disposición del Tribunal de Cuentas y el establecimiento de un sistema de sanciones. Las cuatro restantes permanecen en el limbo, con lo que la consideración sobre la lucha contra la corrupción en España es negativa.

Entre las recomendaciones desatendidas se encuentran las que, sin duda, resultarían más eficaces para combatir la corrupción, como la fijación de un límite al endeudamiento de los partidos o la realización de auditorías. Ni siquiera el Tribunal de Cuentas ha tenido acceso a las cuentas reales de las fuerzas políticas, puesto que hasta ahora no ha podido cruzar sus datos con los del Banco de España para comprobar si la cancelación de algunos créditos deberían ser consideradas donaciones. El Tribunal tampoco ha podido conocer en su exacta dimensión las contribuciones a la financiación de algunas fundaciones dependientes de partidos.

El descorazonador informe del Greco ha venido a recordar que, pese a la omnipresencia de la corrupción en el debate político español, los partidos están más dispuestos a utilizarla como arma electoral que a emprender reformas legales que permitan avanzar en la prevención y la depuración de responsabilidades. Hasta ahora, la estrategia común ha consistido en magnificar los casos ajenos para alejar la atención de los propios, en el sobrentendido de que, finalmente, unos escándalos neutralizarán electoralmente a otros.

La insuficiencia de la financiación de los partidos es un hecho conocido que, sin embargo, no ha sido abordado con la atención que requiere, por su capacidad para contaminar la totalidad del sistema democrático. El acuerdo tácito que parece haberse instalado es el de aceptar que cada partido intente resolver sus problemas como pueda, pagando las consecuencias que tenga que pagar solo en el caso de que sea descubierto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de abril de 2011