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Columna
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Portugal, capital Arzúa

Ha sido anunciar la democracia feijoniana su intención de efectuar un marcaje al dato sobre la economía portuguesa, y automáticamente producirse el hundimiento en las encuestas de la derecha lusa. Fue avisar el presidente de que tendría un ojo puesto para evitar el contagio del vecino enfermo, y dispararse las perspectivas de victoria de dimitido socialista José Sócrates. Si aplicáramos la teoría Mayor Oreja de la causalidad, donde nada de cuanto sucede a la vez es casual sino que responde a un plan maestro, Feijóo debería llamar a su correligionario Passos Coello para disculparse por haber puesto en riesgo la que parecía una victoria cantada.

Acaso impactados por el poder omnímodo exhibido por agencias de calificación como Moody's o Standard and Poor's, el anuncio de la contravigilancia económica gallega sobre Portugal fue efectuado con tanta pompa y circunstancia, que daba la impresión de que Galicia acababa de fundar sus propios entes de calificación. Sonó como si, en nada, nuevas agencias, denominadas Feijoo's o Rueda and Poor's, fueran a comenzar a emitir calificaciones sobre la deuda soberana de nuestros vecinos. No era del todo ajena a semejante impresión la exitosa experiencia de la democracia feijoniana ejecutando seguimientos parecidos luego de dos años convirtiendo en eje de su acción política la vigilancia de cuanto hacen los otros. No tenemos un Gobierno, tenemos una comisión de seguimiento que se reúne cada jueves para hacer balance de los fracasos de los demás. Excepto el conselleiro Hernández, que lleva una cámara incorporada y emite cada seis horas partes actualizados de seguimiento del pacto del Obradoiro. Gracias a esa cobertura exhaustiva y profesional, no han podido ocultarnos la dolorosa verdad, ni siquiera mientras el Gobierno central aprobaba el macroconcurso que San Caetano daba por hecho nunca saldría adelante. Galicia le debe nada a Zapatero, se lo debemos todo al Álvarez Cascos, que dejó licitado un tramo antes de irse.

No tenemos un Gobierno sino una comisión de seguimiento de los fracasos de los demás

Del "menos mal que nos queda Portugal", hemos pasado al "qué mal, qué mal, si viene de Portugal", ese país periférico y subvencionado que lastra el poderoso despegar de la economía que funciona realmente como el motor del crecimiento europeo: la economía gallega. Es donde se acaba cuando alguien se vuelve dependiente de la propaganda y lo único a mano para propagandear es un acuerdo del tipo "vamos a llamarnos una vez al mes para contarnos las cifras, a ver qué tal; si vemos que la cosa se pone chunga, nos juntamos a ver si descubrimos para qué sirve la Eurorregión".

El desconcierto popular respecto a la inmolación de Zapatero empieza a resultar clamoroso. Como no todos pueden irse a lo Rajoy de vacaciones a Canarias, a grabarse un videoblog en plan supernormal, alguien tiene que hablar de vez en cuando de política y hacer oposición, aunque ya no esté claro ni contra quién ni por qué. Y ahí tienen a Cospedal acusando a Chacón y Rubalcaba de cómplices del zapaterismo, a Mayor Oreja denunciando que solo él no negocia con ETA, o a Feijóo poniendo firme a Portugal, que está intervenido y no se va a quejar si lo magrean un poco más.

Aunque tal vez no deberíamos juzgar tan duramente a un gobernante tan austero. Aceptemos pulpo como animal de compañía y que no puede arreglar la economía a causa de las malas artes de Zapatero, o que carece de competencias para la creación de empleo. Miremos cómo va la cosa en algo donde ya parezca mayor para poder arreglárselas solo. Nada más anunciar una campaña basada en la noble confrontación de las ideas y dignificar la política ante la ciudadanía, revienta el caso Arzúa y el candidato popular aparece grabado practicando esa costumbre tan galaica de vender noticias por dinero. A partir de ahí, el discurso del campeón de la regeneración se dispersa. Primero se anuncia una investigación de la que nunca más se sabe. Luego se cuestiona la moralidad del chantajeado al grabar el chantaje. Ahora se ampara una maniobra que declara inelegible al alcalde nacionalista, invocando una reforma de la ley electoral hecha ad hoc para el caso Batasuna y utilizando una sentencia no firme que le condena por demorarse al reponer una ilegalidad perpetrada por el anterior alcalde popular. ¿Así está todo y bien contado? ¿O falta algo y son cosas de los jueces, presidente?

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