Planes para los servicios sociales

El talón de Aquiles de los servicios sociales de atención a los mayores, discapacitados, drogodependientes o personas en riesgo de exclusión es la falta de coordinación entre instituciones y la consiguiente desigualdad de prestaciones entre las tres provincias. La configuración competencial de la atención que engloba el conocido como espacio sociosanitario ha generado territorialismos, con iniciativas muy locales y provinciales de avance en la mejora de la atención que han contribuido a aumentar las diferencias. Tanto el anterior Gobierno como el actual han reconocido el problema, que ha generado una dura polémica entre Sanidad y las Diputaciones después de que el consejero, Rafael Bengoa, propusiese el pasado domingo en una entrevista en EL PAÍS centralizar la atención sociosanitaria en manos del Ejecutivo.

El príncipal hándicap de los servicios de atención es la descoordinación

San Sebastián, Irún, Tolosa, Oiartzun y Zarautz prueban nuevas ideas

Sin embargo, uno de los aspectos con más futuro, la teleasistencia, está en proceso de ser asumido íntegramente por el Ejecutivo, para cumplir con la ley de Servicios Sociales, aprobada a finales de 2008. Este texto establece que es el Gobierno el que debe hacerse cargo del servicio, que hasta ahora han gestionado las Diputaciones y el Ayuntamiento de Vitoria. Los entes forales siguen prestando los servicios de centros de día y las residencias, por ejemplo. Supone un primer paso hacia una visión más autonómica de los servicios sociales, que, según el último documento que ha aprobado el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, priorizarán la atención a domicilio.

A partir del próximo 1 de julio, la teleasistencia se prestará desde una plataforma multicanal, la misma que Osakidetza está extendiendo por Euskadi: Osarean. La infraestructura, licitada por 11 millones de euros, permitirá que si una persona mayor acaba de ser operada, los servicios sanitarios no sean los únicos que hagan un seguimiento de su situación, sino también los sociales.

"El 2 de julio todo seguirá igual para los usuarios", recalca el director de Servicios Sociales del Gobierno, Alfonso Gurpegui. Sí habrá novedades, que se irán incorporando progresivamente en los servicios para homogeneizarlos. Y es que hoy en día siguen existiendo diferencias. Por ejemplo, Álava dispone de un servicio de telealarma, que se activa cuando una persona mayor pulsa el botón del collar, pero en Vizcaya estas mismas personas cuentan también con visitas a domicilio o llamadas telefónicas de seguimiento.

Gurpegui enumera algunas de las ideas que se quieren incorporar: la teleasistencia a móviles -hoy únicamente es posible con los teléfonos fijos-, el control por detectores de movimiento a personas con problemas como el alzhéimer, las videoconferencias con los profesionales a través de la televisión o los consejos de índole social, además del consejo sanitario telefónico que ofrece Osakidetza. El decreto que se prepara para delimitar la teleasistencia incluye un servicio de recordatorio de agendas, dispositivos que descubren caídas o cambios en la temperatura corporal y sensores que controlan el hogar, para evitar incendios u otros siniestros.

¿Más servicios supondrá pagar más dinero? Asuntos Sociales insiste en que no. "No por necesitar más servicios tienes que pagar más", explica Gurpegui. El copago forma parte de servicios de este tipo y se prevé que el coste ronde los cuatro euros mensuales.

Como el espacio sociosanitario no se va a limitar a la teleasistencia, Asuntos Sociales trabaja con la Fundación Matia para hacer posible que los mayores sigan en sus casas. Cinco municipios guipuzcoanos -San Sebastián, Tolosa, Irún, Oiartzun y Zarautz- están empezando a probar varias iniciativas con idea de que se extiendan en un futuro. En total, serán 26 proyectos en los que trabajarán dos centenares de personas. Todos los proyectos pasan por la idea de ofrecer servicios que aumenten la calidad de vida de quienes envejecen en sus domicilios, como limpieza, comidas o fisioterapia.