De Miguel insiste en ver las cuentas de Alberdi

Para negar que hubo un intento de cobro de comisiones ilegales en torno al contrato para asesorar el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, Alfredo de Miguel, el principal imputado en la supuesta trama de corrupción urbanística que se conoce por su nombre, ha intentado recalcar la fluida relación que mantenía con la denunciante, Ainhoa Alberdi. Esta respalda su versión en varias grabaciones y correos electrónicos del exdiputado foral.

La defensa de De Miguel ha insistido, sin éxito, en incluir en el proceso judicial la lista de operaciones con terceros de la actual empresa de la denunciante, Alberdi y Vicinay Consultores. Según consta en el sumario del caso, el juez de Instrucción número cuatro de Vitoria, Roberto Ramos, consideró el pasado 2 de diciembre que no era pertinente solicitar a la Diputación de Vizcaya, territorio donde la compañía tiene su sede social, los datos sobre movimientos bancarios superiores a 3.000 euros entre 2005 y 2009.

La defensa del exdiputado foral quiso grabar todas las declaraciones

"No consta por el momento la existencia de ningún contrato en el que sea parte esta mercantil" en el que haya "alguna sombra, duda o sospecha de irregularidad", alega el magistrado.

"En el presente caso, únicamente se están investigando las presuntas irregularidades relacionadas con un contrato del que resultó adjudicataria la mercantil Urbanorma Consulting, motivo por el cual en la providencia recurrida sí se accedió a la prueba documental solicitada" sobre ella, añade el auto.

Esta última firma fue fundada por Alberdi y el también imputado Jon Iñaki Echaburu mese antes de conseguir, sin pasar por ningún proceso de adjudicación, un contrato por el que cobraron 441.000 euros.

En otro auto del 25 de enero pasado, el juez desestima un recurso de la defensa de De Miguel exigiendo un documento al industrialdea de Orduña, dirigido por De Miguel antes de su nombramiento como diputado foral en 2007, que certificaba la relación que mantuvo con la letrada. La defensa exigía una copia de una carta remitida por Urbanorma a aquella y a todos sus clientes en la que anunciaba que los contratos serían subrogados en favor de la nueva compañía de Alberdi. El juez consideró la diligencia reiterativa, teniendo en cuenta que la abogada denunciante ya reconoció este hecho en su declaración del 17 de diciembre pasado.

De Miguel también argumenta que no tenía ningún puesto de responsabilidad en el parque cuando se adjudicó el contrato en 2006. Sin embargo, el exdirector de Miñano, Alfonso Arriola, también imputado, señaló al diputado foral como la persona que puso el nombre de Urbanorma sobre la mesa para asesorar en la ampliación del parque.

La defensa de De Miguel también intentó, sin éxito, que las declaraciones tanto de testigos como de imputados fuesen grabadas en soporte audiovisual.