PP e IU rechazan la reforma de la ley de cajas que aprobará la Junta

Aunque las vísperas electorales son siempre malas fechas para cualquier tipo de pacto político, lo cierto es que en Andalucía el clima actual hace inviable cualquier clase de consenso ante cualquier tema, sea la fecha que sea, y por más intereses comunes que puedan tener los distintos partidos. Máximos responsables de las direcciones del PP e IU reaccionaron ayer con argumentos más que rayanos a la verdad, para adelantar que negarán su apoyo al decreto que el Ejecutivo de José Antonio Griñán aprobará el próximo martes para adaptar la ley de cajas andaluza a la norma estatal.

Antonio Sanz (PP) y Pedro Vaquero (IU) adujeron ayer, en declaraciones a Europa Press, "un único contacto" vía telefónica y "ni una sola llamada, nulo acercamiento", respectivamente, para criticar tanto la reforma de la ley prevista por la Junta como el reproche del consejero de Economía, Antonio Ávila, realizado el Miércoles Santo, de que no había recibido propuestas por parte de ambos partidos de la oposición a su decreto de reforma.

La Junta reducirá la representación política en los órganos de las cajas

Con ambos dirigentes se entrevistó el consejero Ávila la pasada semana. En concreto, la cita con Sanz se produjo en la tarde del jueves en el despacho que ocupa el titular de Economía en la sede del Parlamento andaluz. Y a ambos les dio traslado de los contenidos de la reforma prevista para adaptar el contenido de la reforma de la LORCA (Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro) a la legistación específica de la comunidad autónoma.

Sanz calificó además el decreto de reforma de "excesivamente intervencionista" y se agarró a la fórmula que empleará la Junta del decreto-ley para echar por tierra la iniciativa.

Lo cierto es que según publicó EL PAÍS el pasado domingo, las intenciones de la Junta son las de rebajar aún más que en la ley nacional la representación política en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, eliminando su representación en la comisión de control, manteniendo el porcentaje de representantes de las entidades fundadoras (las hay públicas o políticas y también privadas) y rebajando la presencia de representantes de las corporaciones locales (del 22% al 15%) y del Parlamento andaluz (del 15% al 12%).

Eso sí, la reforma mantiene y refuerza de algún modo el control administrativo y la tutela jurídica de la Junta en los procesos de fusiones, SIP o disolución de las cajas.

Por su parte, Pedro Vaquero, tras reprochar al consejero su poco "interés" por negociar la reforma, calificó de "excesivo" y de "broma de mal gusto" la queja del consejero por no haber recibido sus propuestas.

Sin entrar en aspectos concretos del decreto que aprobará el Consejo de Gobierno la próxima semana, Vaquero criticó a la Junta y al consejero Ávila la reforma del sistema financiero emprendida por el Banco de España, que calificó de "bancarización", de la que responsabilizó al Gobierno andaluz. Igualmente, recordó el fracaso de la Junta para llevar a cabo el proyecto frustrado de crear una gran caja en Andalucía.

Fuentes de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia reiteraron ayer que desde ese departamento "se habían realizado los contactos oportunos en la búsqueda del consenso político para llevar a cabo la reforma". Las mismas fuentes declinaron pronunciarse sobre las declaraciones de los representantes de PP e IU y remitieron a próximas fechas la realización de valoraciones.