El PP recurre para que la juez acceda a las actas

El PP está metido ya de lleno en la batalla judicial por el caso de los ERE. Desde que se conoció el asunto, los populares no han levantado el pie del acelerador de la ofensiva política y parlamentaria, hasta convertir los últimos plenos de la Cámara en monográficos del escándalo. Ahora, una vez personado en el caso, comienza una nueva incursión por el flanco judicial.

Los populares han presentado un recurso de apelación al auto dictado por la juez Mercedes Alaya, en el que exigía a la Junta la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno de una década para custodiarlas en los juzgados, en espera de que se resuelva el conflicto de jurisdicción planteado por el Ejecutivo andaluz. En este escrito, según explicó ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, se niega la mayor: no hay conflicto de jurisdicción, sino una impugnación de una providencia, una "discrepancia" de criterio que debe resolverse mediante recursos judiciales.

Sanz: "El PSOE quiere extender su mayoría absoluta a los juzgados"

Sanz citó un artículo del profesor Manuel Clavero Arévalo para sostener que los conflictos de jurisdicción se dan cuando los órganos judiciales y administrativos consideran que son competentes para resolver una cuestión, pero en este caso la Junta lo que dice es que el juzgado actuó de manera ilegal al requerirle todas las actas. En consecuencia, dijo Sanz, el juzgado tendría potestad para abrir los sobres que están guardados en un armario sin necesidad de esperar la decisión del Tribunal Supremo. También afirman los abogados del PP que las actas son públicas, y que lo único reservado son las deliberaciones, opiniones y votos emitidos en el Consejo de Gobierno.

El PP ha enviado otro escrito a la juez para que investigue los llamados ERE muertos (los que ya han sido abonados y están caducados), en la sospecha, dijo Antonio Sanz, de que se doblarán los casos de intrusos detectados en los 68 ERE vivos investigados por la Junta. No obstante, Mercedes Alaya ya había ampliado sus pesquisas a la totalidad de los 176 ERE que contaron con ayudas públicas entre 2001 y 2011.

El dirigente popular acusó al Ejecutivo andaluz y al PSOE de estar "obsesionados" con evitar a toda costa que se conozcan las actas, lo que hace de estos documentos una "prueba de primera magnitud". "Es gravísimo el obstruccionismo. Los socialistas quieren extender la mayoría absoluta parlamentaria, con la que han evitado una comisión de investigación, a los juzgados. Pueden incurrir en desobediencia y denegación de auxilio".

Antonio Sanz responsabilizó del "fraude" al presidente andaluz, José Antonio Griñán, y al expresidente Manuel Chaves, el "máximo común denominador de los ERE", ironizó.