El PP prometía en su programa "comunicación no partidista"

Corría el inicio del curso político de 2009 y aquellos días en que el candidato Feijóo pedía perdón en nombre de la política y prometía regeneración democrática en su gira por Galicia, camino de la presidencia de la Xunta. El 14 de enero de aquel año electoral, con la residencia de Monte Pío al fondo y desde la Praza do Obradoiro, el líder del PP firmó ante cámaras y micrófonos el "manifiesto por la prosperidad y bienestar de una Galicia unida y abierta".

El "contrato integral" que rubricó con el pueblo gallego establecía "un compromiso moral y personal" del candidato Feijóo con la regeneración democrática. Ya en el programa electoral, el Partido Popular detallaba la letra pequeña de esos magnos compromisos que los populares contrastaban con el comportamiento del bipartito.

En lo que atañe a los medios de comunicación, Feijóo denunciaba que socialistas y nacionalistas "convirtieron las políticas de comunicación e imagen institucional en políticas de publicidad y propaganda ejercitada sin ningún tipo de control". El bipartito, lamentaba entonces el PP y su presidente, "prometió al principio de la legislatura la Lei de Publicidade Institucional y, porque no se pusieron de acuerdo, ni siquiera llegó a ser discutida en el Parlamento".

Sin rastro de la ley

Como alternativa, los populares proponían en su biblia de campaña "una política de comunicación institucional y no partidista". Para lograrlo, se comprometían a legislar con un objetivo claro: "La política de ayudas a los medios de comunicación debe tener un soporte legal, como sucede en la mayoría de los países europeos". El Partido Popular gallego vaticinaba que, al llegar al poder, "las convocatorias de ayudas dirigidas a los medios de comunicación" se harían "de acuerdo con la Lei de Publicidade e Comunicación Social da Xunta, y siempre con transparencia".

Dos años después de que Feijóo regresase por la puerta grande al Gobierno gallego, no quedan siquiera los ecos de aquella proclamas. Tampoco hay rastro de aquella ansiada ley que equipararía a Galicia con las democracias europeas avanzadas. Y mientras, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo sigue pagando a los medios de comunicación a cambio de que publiquen noticias favorables, como hicieron todos los Gobiernos gallegos -también el bipartito- desde que Manuel Fraga patentase la fórmula.