1,3 millones para 'comprar' noticias

El mismo Gobierno de Feijóo que rechazó a principios de noviembre regular por ley la publicidad institucional porque no era "el momento adecuado en vísperas de las municipales", pagó durante 2010 a nueve periódicos gallegos 1.329.612 euros por difundir informaciones favorables a tres consellerías (Mar, Economía e Industria y Traballo) y una secretaría general, la de Emigración, que depende directamente del presidente gallego.

Por empresas, la que más fondos recibió de la Xunta el año pasado a través de dichos convenios fue la Corporación Voz de Galicia, que ingresó 269.005,28 euros gracias a dos acuerdos -con la Consellería do Mar de Rosa Quintana (149.000 euros) y la de Traballo que preside Beatriz Mato (120.005,28 euros)- por publicar noticias amables sobre estos departamentos.

El ourensano Santiago Camba firmó un único acuerdo: con 'La Región'

Justo por detrás, aparece La Región, con 257.508,56 euros, en virtud de tres convenios: el de Traballo, por el que percibió 27.508,56 euros, otro con la cartera de Industria -en manos de Javier Guerra-, que le pagó 150.000 euros, y un tercero de 80.000 euros que le propició la Secretaría Xeral de Emigración. El pódium de subvenciones por información lo completa el grupo Editorial Compostela, editor de El Correo Gallego, que logró tres acuerdos con las consellerías de Industria, Traballo y Mar por 243.000 euros. El Progreso de Lugo aparece en cuarto lugar con 211.067,36 euros y tres convenios. Faro de Vigo ingresó 152.259 euros; Lérez Ediciones, la sociedad que imprime el Diario de Pontevedra, 70.009,33 euros; La Opinión de A Coruña, 58.274, 92 euros; Rías Baixas Comunicación, editora de Atlántico Diario, 50.000 euros; y Editorial La Capital, el grupo propietario de El Ideal Gallego, 17.986 euros.

Los últimos convenios que aparecen en el registro tienen fecha de 14 de octubre de 2010 y son los que suscribió el conselleiro de Industria, Javier Guerra, con los representantes de Editorial Compostela, El Progreso y La Región, por un montante global de 350.000 euros. El departamento que más fondos públicos invirtió en este apartado es el de Mar, que firmó acuerdos con los citados nueve diarios por 579.000 euros. Desde la cartera de Traballo, Beatriz Mato pagó a ocho cabeceras, y el secretario general de Emigración, el ourensano Santiago Camba, firmó un único acuerdo, por 80.000 euros con el periódico de su provincia, La Región.

Ninguno de estos acuerdos tiene relación alguna con la publicidad institucional, los anuncios que la Xunta publica en los medios de comunicación, y que se contratan por un procedimiento distinto que debe tener en cuenta la difusión de los diarios y que legalmente no puede discriminar a ninguna cabecera.

El primer modelo de convenio estipula que el acuerdo entre la Xunta y las empresas periodísticas sirve para "promover un mayor reconocimiento social de los ámbitos en los que tiene competencias la Consellería de Economía e Industria, difundiendo en la Comunidad Autónoma información sobre la industria, el comercio y el consumo". El segundo tipo "establece la colaboración entre la Secretaría Xeral da Emigración y La Región SL con el fin de informar y difundir las líneas de actuación que desarrolla esta entidad a favor de los gallegos en el exterior".

Todavía hay un tercer tipo de acuerdo que sirve, textualmente, para "establecer las líneas de colaboración" entre la Consellería do Mar y siete diarios, "y llevar a cabo una campaña informativa con la finalidad de concienciar a la ciudadanía sobre la problemática surgida en relación con la protección de los recursos marinos y su consumo responsable". En su acuerdo con ocho diarios, Traballo establece por escrito que la prensa debe "dar a conocer los planes, actuaciones e iniciativas de la consellería vinculados a la formación, colocación y al fomento del empleo".

Fuentes de la Xunta sitúan estos convenios en el contexto de un apoyo al sector de la prensa, castigado con una drástica caída de publicidad en esta crisis. Entienden que a través de estos pagos se estaría permitiendo el mantenimiento de los puestos de trabajo en las redacciones.

Las mismas fuentes aseguran que el gobierno de Feijóo "mantiene el compromiso de aprobar en esta legislatura una ley sobre publicidad institucional", para que, de algún modo, comience a regularse "con métodos objetivos", el reparto de contratos entre los distintos medios de comunicación.