La Junta andaluza defiende la legalidad del pago al bufete del suegro de Arenas

Desde que hace 69 días trascendió la declaración ante la policía judicial del ex director general de Trabajo Javier Guerrero sobre la existencia de un "fondo de reptiles" -frase de la que luego se desdijo- para pagar con dinero de la Junta de Andalucía prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis, el PP no ha hecho distinciones entre los beneficiados por este fondo. "La trama siempre va en la misma dirección y los actores tienen un nexo: un partido político y el poder actual en Andalucía", dijo el presidente del PP, Javier Arenas. "El PSOE utiliza el dinero de los parados en Andalucía para pagar a sus amigos", abundó Esteban González Pons.

Ayer, el PP andaluz, por boca de su secretario general, Antonio Sanz, cambió de registro, una vez que este periódico publicó que el bufete Olivencia-Balleter, presidido por Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, percibió 119.828 euros por asesorar en 2001 a la empresa pública Santana Motor para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba. Ese trabajo se abonó con cargo a la partida presupuestaria 31L -a la que el PP llama "fondo de reptiles"-, según la información enviada por la Junta de Andalucía al juzgado que investiga el caso. La partida 31L sirvió no solo para pagar prejubilaciones, sino también dar ayudas a empresas, a Ayuntamientos o instituciones y era un cajón de sastre que utilizaba la Consejería de Empleo.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, dijo ayer que este despacho "forma parte de los bufetes o asesores que se contrataron con cargo a la partida 31L" y a renglón seguido defendió la legalidad de los pagos. "El que lo cuestiona es Arenas, que lo descalifica en su conjunto, aunque curiosamente un familiar muy directo se haya podido beneficiar de las mismas", resaltó.

Sanz acusó ayer, sin pruebas, de que la factura del bufete del suegro de Arenas fue "manipulada" para que "aparezca vinculada a la partida 31L". El despacho de Olivencia emitió una nota en la que dice desconocer "con cargo a que concreta partida fue realizado el pago, por no ser cuestión de su incumbencia o competencia". Fuentes de la familia Olivencia precisaron que no se cobró del programa de los ERE y que ese contrato se logró en competencia con el despacho Garrigues.