Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Las medidas de austeridad

Los políticos ceden el mando en Portugal

La cura de austeridad impuesta al país tras el rescate será la misma gane quien gane las elecciones de junio - El sector público se enfrenta a fuertes recortes

Los portugueses afrontan una paradoja monumental. De aquí a ocho semanas acudirán a las urnas para elegir un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno, pero el programa de austeridad que condicionará la vida de la población vendrá impuesto desde el exterior. Concretamente, por los acreedores del préstamo millonario para evitar la quiebra del país. Nadie duda de la dureza de la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE). Ni del elevado coste de poner en orden las cuentas públicas y sanear la maltrecha economía.

El Gobierno en funciones del socialista José Sócrates y el que asumirá el poder después de las elecciones del 5 de junio serán, en este terreno, más espectadores que actores. Puede afirmarse que desde el momento en que Portugal pide ayuda externa, su poder de decisión como país soberano se diluye dramáticamente. Son las reglas del juego. Quien presta el dinero impone las condiciones. Así ha ocurrido en Grecia e Irlanda.

La deuda casi se ha duplicado en los 10 últimos años, hasta rozar el 93% del PIB

El ajuste supondrá más impuestos, menos funcionarios y rebajas de sueldos

La auditoría de las cuentas públicas es una reclamación que crece día a día

47 personalidades portuguesas piden un compromiso nacional

Con esta premisa, cuesta imaginar una campaña electoral que motive a los ciudadanos, cuando la gran decisión ya está tomada. ¿Qué valor tendrán las promesas de los candidatos, si el vencedor de las elecciones, sea del partido que sea, estará obligado a cumplir escrupulosamente las condiciones impuestas por los nuevos acreedores?

Portugal pide auxilio por tercera vez desde la instauración de la democracia. Muchos portugueses recuerdan la llegada del FMI con sus planes de ajuste, en los comienzos de los años ochenta. Eran otros tiempos, aunque la verdad es que en algunos aspectos las cosas no han cambiado tanto. El desorden en las finanzas y el endeudamiento son males crónicos. En 1890, Portugal era, después de Francia, la nación con la deuda per cápita más elevada del mundo. "A lo largo de los siglos nunca creamos riqueza para pagar los lujos excesivos de una élite que vive lejos de la realidad", escribe Fernando Sobral, periodista del Jornal de Negócios.

Las cosas han ido de mal en peor y, a la luz de los números, la conclusión es tremenda. Una economía estancada durante una década, que coloca el índice de crecimiento de Portugal en el antepenúltimo lugar de una lista de 180 países miembros del FMI, según un informe publicado por este organismo. La crisis financiera internacional agravó la situación, como muestran los indicadores que maneja el economista Álvaro Santos Pereira, profesor de la Universidad canadiense Simon Fraser, que ha estudiado durante más de un año el endeudamiento portugués. "Portugal tiene el peor índice de crecimiento de los últimos 90 años, la peor deuda pública de los últimos 160 años, el peor desempleo (11%) de los últimos 30 años, la segunda gran ola migratoria en 150 años y la peor tasa de ahorro en 50 años". No son solo cifras. Detrás de cada una de ellas hay un ser humano, como los 600.000 que no tienen trabajo, los 700.000 que emigraron entre 1998 y 2008, o el millón largo de ciudadanos que tiene un proceso pendiente en los tribunales.

Una economía estancada, con escasa competitividad, un Estado excesivo y un gasto público que no ha dejado de crecer desde el llamado Gobierno de Bloque Central de Mário Soares (1983-1985), son ingredientes de un cóctel explosivo. Era una cuestión de tiempo. Hasta que la deuda pública, 50% del PIB en el año 2000, pasó al 92,4% del PIB a finales de 2010. Además del Estado, las empresas y las familias también tienen dificultades para pagar. La morosidad afecta a los bancos, y la deuda externa líquida asciende al 110% del PIB.

Esta semana llegarán a Lisboa los equipos técnicos de los futuros prestamistas, para empezar a discutir con el Gobierno en funciones los detalles del paquete de ayuda de 80.000 millones de euros en tres años. Es más que probable que los representantes de la Comisión Europea, del BCE y del FMI se reúnan también con la oposición, para garantizar el consenso necesario de la operación de rescate. Las previsibles medidas del programa de ajuste han sido ampliamente aireadas los últimos días. Grecia e Irlanda están en la mente de todos. El punto de arranque será el Programa de Estabilidad y Crecimiento (PEC) presentado por el Gobierno, que fue rechazado por el Parlamento el pasado 23 de marzo, y que provocó la dimisión del primer ministro Sócrates y la consiguiente crisis política.

Las condiciones del rescate incluirán con toda probabilidad aumento de impuestos, eliminación de beneficios fiscales, nuevos recortes de salarios de funcionarios y de prestaciones sociales, despidos de empleados públicos y extinción de servicios. Pero la inyección de dinero fresco que recibirá Portugal tendrá más consecuencias. Será el momento de abordar algunas de las reformas estructurales pendientes, de las que los políticos hablan desde hace años. Santos Pereira sostiene que es "la gran oportunidad para una reforma del Estado, la más profunda de las últimas décadas", para una reforma laboral "sin paliativos", que flexibilice el despido individual, "el más rígido de Europa", y para reformar la justicia. "Es pésima y contribuye a la falta de competitividad".

Un estudio de este economista advierte que en Portugal "hay unos 600 organismos públicos, incluyendo direcciones generales y regionales, observatorios, fondos diversos, gobiernos civiles..., cuyos gastos podrían y deberían ser reducidos o, simplemente extinguidos". Las transferencias del Estado a estos organismos y otros 349 institutos públicos ascendieron a más de 5.000 millones de euros en 2010. Con un recorte drástico de estos gastos se evitaría el aumento del IVA e, incluso, los recortes salariales, sostiene Santos Pereira.

El adelgazamiento de la Administración pública será uno de los caballos de batalla. Es un terreno pantanoso, en el que el Gobierno de turno tendrá margen de maniobra. Hasta ahora ninguno ha mostrado la necesaria voluntad política, a juzgar por la trayectoria exhibida las últimas décadas.

"El aspecto más positivo del rescate es que de una vez nos van a auditar todo. La radiografía de las cuentas públicas va a ser completa, y nuestros acreedores nos van a imponer reglas", dice el representante de un banco extranjero, que prefiere mantener el anonimato.

La auditoría de las finanzas públicas es una reclamación que crece día a día. "El pueblo no sabe cómo están las arcas públicas. Hay manipulación en salud, educación, en los pagos", ha dicho esta semana el sociólogo y ex ministro António Barreto, que preside la Fundación Francisco Manuel dos Santos. Su propuesta es clara: una auditoría de las finanzas públicas antes de las elecciones del 5 de junio, para que la gente sepa en qué estado se encuentra el país. "Ir a las elecciones sin hacer esto sería una enorme deslealtad de los dirigentes políticos, porque Europa, el FMI y el BCE saben perfectamente lo que pasa en Portugal".

Mientras los acreedores afilan la tijera, los políticos ya han empezado a calentar motores para la campaña electoral. José Sócrates ha utilizado este fin de semana el XVII Congreso del Partido Socialista que se celebra en Oporto para levantar el ánimo de la militancia, con un discurso populista, y lograr la unidad del partido a su alrededor. Dirigió todos los ataques a su principal adversario, Pedro Passos Coelho, líder del conservador Partido Social Demócrata (PSD), y escasas referencias a los duros tiempos de austeridad que se avecinan. No dan votos. Ante el previsible tono enconado de la campaña, 47 personalidades de la vida pública portuguesas (entre ellos tres ex presidentes, cinco rectores, políticos, empresarios, profesionales) han firmado un manifiesto publicado para pedir "un compromiso nacional" entre el presidente de la República, el Gobierno y los principales partidos políticos. Un compromiso, dicen los firmantes, "para que los portugueses puedan encontrar una razón de ser a los sacrificios presentes y encarar con esperanza el futuro próximo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de abril de 2011