El fiscal acusa a Vizcaya de firmar con Habidite convenios fuera de la ley

La Fiscalía de Vizcaya entiende que la Diputación de este territorio firmó con la empresa Habidite una serie de convenios para la construcción de pisos prefabricados en Alonsótegui "a sabiendas de que eran contrarios a la legislación europea". Así se recoge en el duro varapalo que el fiscal José Manuel Ortiz Márquez propicia al ente foral al rechazar su recurso contra las resoluciones del juez del caso Iurbenor, en las que el empresario Jabyer Fernández ha visto aliviadas la mayoría de las imputaciones formuladas por una denuncia de varios de sus exsocios. De paso, en su escrito, el fiscal atribuye a Fernando García Macua todas las responsabilidades tributarias relacionadas con las sociedades mercantiles del empresario vizcaíno imputado, cuyo recurso al cargo de insolvencia punible también ha quedado rechazado al igual que el de su hermana Susana. La tipología de los convenios con Habidite, y cuya resolución está en manos de la UE, es el nervio vital de las relaciones tormentosas entre el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, y Jabyer Fernández.

"Curiosamente, la Diputación omite cualquier referencia a García Macua"

"Es difícil ver premeditación en Fernández y no en su asesor fiscal"

En su fallo, el fiscal es crítico con el comportamiento de los ex socios de Fernández, a quienes reconoce que nunca protestaron por la gestión de las sociedades a las que pertenecían mientras obtenían rendimientos económicos. De hecho, niega a la propia Diputación que la gestión de Fernández hubiera sido "feudal" ya que "todos los socios" lo consentían. Los exsocios que denunciaron a Fernández sin acudir a comisaría fueron Josu Olazaran, Enrique Guzmán, José Manuel Rodríguez Emaldi, Diego Gutiérrez Zarza, Michelo Aguirre y Fernando García Macua.

Precisamente en la actuación de Macua, presidente del Athletic, se detiene con profusión el fiscal al rebatir el recurso de Diputación. En una de sus réplicas, la fiscalía dice que "curiosamente, la Diputación omite cualquier referencia a García Macua cuando es evidente que de considerarse que en fecha de 25 de febrero se consuma el delito el responsable es él y por lo tanto a quien se imputase la conducta o al menos se solicitase su imputación como inductor o cooperador necesario", señala la resolución. El fiscal recuerda que la Diputación "no menciona en su escrito no se sabe por qué motivo" a las "voluntades" que conocían cuál era la intención de Fernández para efectuar diversos pagos (43 millones) con cargo al IVA procedente de la venta de terrenos de Puerta de Bilbao y que derivaron en varias empresas, algunas de sus exsocios.

El fiscal se fija en el papel desempeñado por el despacho de García Macua Abogados, a quien responsabiliza del asesoramiento jurídico y fiscal de la mercantil, y de su gestión, hasta el 16 de abril de 2009. A este bufete atribuye la relación con las cooperativas que formaban la operación Puerta de Bilbao. De hecho, en el rechazo al recurso foral se recoge cómo los pagos de estas cooperativas eran recogidos por Javier Oviedo y Emilio Prieto, mientras que la gestión de los contratos correspondía a Macua, siendo uno de los hermanos (José María) asesor fiscal de las cooperativas y otro (Fernando) de Iurbenor.

Para la fiscalía, "no hay causalidad" entre la forma de tributar los pagos anticipados de las cooperativas y la posterior petición de aplazamiento del pago del IVA de Fernández, y sí existe "responsabilidad" de García Macua, quien debió repercutir y declarar en 2008, así como de Prieto quien debió contabilizar y del propio presidente del Athletic quien debió prestar declaración en febrero, señala el auto.

A tal punto llega el fiscal que no ve "ánimo de defraudar" en Fernández, sino que atribuye a Macua "que no fue capaz de dar una explicación convincente de que no había declarado los pagos anticipados en 2008". Por todo ello, la fiscalía de Vizcaya sostiene que "difícilmente" se puede imputar "premeditación" a Fernández "cuando no se le exige a su asesor fiscal".

En cuanto al recurso de los hermanos Fernández, que apenas ocupa dos de los diez folios de la resolución del fiscal, se entiende para su rechazo que hay nexo entre el comportamiento del principal imputado y la generación de insolvencia.