Exteriores reparte a los 37 ex presos políticos cubanos por ocho regiones

Lo primero que hizo ayer al bajarse del avión fue el símbolo de la victoria. "Llevo la democracia en la sangre", explicó luego el disidente cubano Orlando Fundora. En 2003 fue condenado a 18 años de prisión en su país en la oleada represiva conocida como primavera negra. Ayer llegó a Madrid junto a otros 36 reclusos excarcelados por el régimen cubano y a 209 familiares en un vuelo fletado por el Gobierno español. Concluían así las liberaciones pactadas en julio por la iglesia católica, el régimen cubano y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. En nueve meses han llegado a España 115 presos políticos y 647 familiares.

"Sienten nostalgia e ilusión", explicó Alfredo Abad, vicepresidente del Centro Español de Ayuda al Refugiado, uno de los organismos que coordina su estancia. Los excarcelados y sus familiares fueron trasladados a centros de acogida en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, Cataluña y Castilla y León. Solo Fundora, el único del llamado grupo de los 75 (arrestados en 2003), permanecerá con su esposa en un hostal de Vallecas (Madrid) debido a su delicado estado de salud. El opositor fue excarcelado por este motivo en 2009, pero seguía en la isla.

"Ha sido un operativo muy complejo", asegura el Gobierno

"Se trataba de un operativo muy complejo y convenía manejarlo con discreción", justifican fuentes gubernamentales ante las acusaciones de hermetismo vertidas en la última fase del proceso. Destacan además "la importancia" de que todas las liberaciones se hayan producido antes del inicio del VI Congreso del Partido Comunista Cubano, una cita crucial que definirá la voluntad de reformas del régimen. La valoración del proceso llegará tras la próxima reunión entre la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

El Gobierno español se comprometió ayer a conceder a los opositores y a sus familias "ayudas económicas de manutención, alojamiento y asesoramiento".

Desde su llegada a España, 231 de los excarcelados y familiares han aceptado el estatus de protección internacional asistida, que supone la concesión del permiso de trabajo y de residencia, y abre la puerta a la obtención de la nacionalidad española a los dos años.

El Gobierno también ha concedido (hasta el pasado 30 de marzo) 41 estatutos de asilo político para aquellos disidentes que se consideran víctimas de la persecución política.

Uno de ellos, el periodista Ricardo González, que llegó a España en julio, justificó a este periódico: "Fui perseguido y estuve en la cárcel por mi forma de pensar". González fue delegado en la isla de Reporteros sin Fronteras. Esta organización expresó ayer que "toma nota" del "paso importante" que suponen estas excarcelaciones.

"Cuba ya no es una de las principales prisiones del mundo para periodistas", se felicitó la ONG.