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Detenido un edil del PP imputado en Brugal por enterrar basura

Bru dirigía una trama para verter residuos en una fosa ilegal de Abanilla

La corrupción vinculada al negocio de la basura suma otro episodio en la Comunidad Valenciana. La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres, vecinos de Albatera, Orihuela, Almoradí, Dolores y Callosa del Segura, acusados de enterrar miles de toneladas de basura procedentes de una zona de Elche en una fosa ilegal en un campo de limoneros de la vecina localidad de Abanilla (Murcia).

La investigación considera que el principal responsable de los hechos es el también detenido Francisco Javier Bru García, concejal del PP de Albatera y uno de los imputados de la pieza que investiga el caso Brugal en Orihuela, según fuentes próximas a las pesquisas. Bru es asesor financiero y contable del industrial de la basura Ángel Fenoll, considerado el cabecilla del caso Brugal y que tiene un vertedero autorizado en Abanilla, la misma localidad murciana en la que se enterraban los residuos incontrolados.

La basura procedía de la zona de Elche y su destino final era el vertedero autorizado que el empresario Ángel Fenoll, considerado el cabecilla de la trama Brugal, tiene en esta localidad murciana ubicada en el límite con Alicante, aunque esta no llegaba a su destino y se desviaba de forma ilegal finalmente a un gran foso en medio del campo de limoneros, según fuentes de la investigación. El negocio residía en cobrar por recoger la basura y tratarla, cuando en realidad la red corrupta ahora detenida se ahorraba este último proceso al enterrarla sin más y sin autorización, según apuntaron ayer otras fuentes próximas a la investigación.

El Ayuntamiento de Elche no pudo confirmar este extremo. La planta de tratamiento que hay en la localidad, que gestiona la basura del Plan Zonal XVIII, que corresponde a los municipios del Baix Vinalopó, está gestionada por la empresa Urbahormar, participada en un 65% por Urbaser y en el 35% restante por Hormigones Martínez.

Junto al concejal del PP de Albatera también han sido detenidos en la misma operación F. P. P, de 74 años, J. A. B. G., de 41 años, E. H. A., de 41 años y C. E., de 32 años, todos ellos vinculados al terreno donde se vertía basura ilegalmente, a la empresa de transportes y a la firma responsable del vertedero. A los cinco detenidos se les imputan delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, por la puesta en peligro de la integridad de las personas, de la calidad del aire, del suelo y de las aguas, de los animales y de las plantas. La investigación, además, en el caso de Bru, añade un supuesto delito de estafa y otro contra los derechos de los trabajadores, según detalló ayer la Delegación del Gobierno en Murcia.

Los cinco detenidos de esta operación y las diligencias realizadas para esclarecer los hechos han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción de C

ieza.

La investigación arrancó el pasado mes de noviembre, cuando agentes de la Guardia Civil constataron graves irregularidades en uno de los vasos del vertedero de Abanilla y cuatro meses después descubrieron a varios camiones descargando ilegalmente toneladas de basura en un foso de unos 4.000 metros cuadrados de superficie y varios metros de profundidad de una finca, según detalló Efe.

Las diversas catas realizadas a raíz de este descubrimiento por los agentes en este vertedero clandestino evidenciaron la presencia de medicamentos, envases de metal, cartón y vidrio, pilas y materia orgánica de diferente procedencia, ampliaron las mismas fuentes.

Los residuos sólidos eran trasladados hasta esta localidad murciana desde la provincia de Alicante y sepultados inmediatamente por maquinaria pesada expresamente dedicada a esta labor. El foso de grandes dimensiones en el que vertían los residuos estaba prácticamente colmatado.

Cargo público en libertad con fianza

El empresario y político Javier Bru García se encuentra en la génesis de la investigación judicial del caso Brugal (supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en la provincia de Alicante).

Bru fue arrestado a finales de mayo de 2007 en el marco de la primera fase de la operación policial del caso Brugal. Junto a él, fueron detenidas otras seis personas, entre ellas, el industrial Ángel Fenoll, considerado por la investigación como el cabecilla de la trama.

La detención de Bru, por los supuestos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias, se produjo una semana después de que el empresario obtuviera el acta de concejal por el PP en la localidad de Albatera (La Vega Baja). El juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó el ingreso en prisión sin fianza del político electo.

Bru logró la libertad provisional tras un mes largo en la prisión de Fontcalent a cambio del pago de una fianza de 60.000 euros. Su condición de presidiario no hizo mella en su voluntad de hacer valer su acta de concejal. El 20 de septiembre de 2007, en el transcurso de un pleno extraordinario, Bru tomó posesión de su acta de concejal. La sesión duró apenas unos minutos y no se produjo ninguna intervención por parte de ediles de la Corporación.

Tampoco el PP frenó su iniciativa. La dirección de los polares alicantinos, en manos de José Joaquín Ripoll, no adoptó ninguna medida contra su edil, no solo imputado, sino encarcelado por supuesta corrupción.

Con motivo de su última comparecencia ante el juez que dirige el caso Brugal, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, el pasado mes de febrero, el edil Bru anunció que no optaría a la reelección.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de abril de 2011

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