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Ibarra recalca que la protección de los jueces frente a ETA se mantiene igual

El Superior y el Poder Judicial analizan las demandas de la judicatura alavesa

La evaluación de los riesgos que la judicatura soporta ante la amenaza de ETA no ha variado el esquema de protección personal fijado para los magistrados en 2001, tras el asesinato de José María Lidón por la banda. Así lo aseguró ayer el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, quien garantizó que los jueces y fiscales vascos mantienen su escolta. Ibarra concretó que a las medidas individuales de protección se suman otras "complementarias" en algunos casos especiales, aunque no ofreció más detalles al respecto por motivos de seguridad.

Ibarra visitó Vitoria junto a varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para conocer de primera mano las demandas sobre la planta judicial de la capital alavesa. Durante una breve reunión previa con periodistas, el máximo responsable de la judicatura autonómica recordó que la detención en marzo del comando Otazua de ETA, el último desarticulado por las fuerzas de seguridad, reveló que la organización terrorista había realizado seguimientos a jueces y magistrados, sobre quienes manejaba información elaborada en algunos casos.

Uria discrepa "a título individual" de la decisión del Supremo sobre Sortu

El presidente del Superior aseguró que la noticia incidió en el estado de ánimo de la judicatura. Argumentó que causa "consternación" pensar que hay una banda armada que considera a los jueces como "enemigos esenciales". Quizá por este motivo, despertó cierto temor la reorganización de escoltas que Interior anunció en septiembre con el objetivo de adaptar la protección a las nuevas necesidades, dada la reducción de la actividad etarra que ha derivado en la actual tregua. Ibarra aseguró ayer que el programa de protección personal continúa, en cuanto a su extensión, "tal y como se concibió" hace una década.

Ibarra estuvo acompañado en Vitoria por dos de los tres vocales que el Poder Judicial tiene designados para Euskadi: el conservador Manuel Almenar y la nacionalista Margarita Uria. Esta última tomó también la palabra para referirse al fallo por el que el Tribunal Supremo ha ilegalizado Sortu. Uria afirmó que "a título individual" respalda el voto particular discrepante emitido por siete de los 16 magistrados de la Sala del 61, aunque manifestó su "respeto absoluto" a una resolución que, no obstante, "deberá seguir su curso" en los tribunales.

Uria, en cambio, rechazó pronunicarse sobre la posibilidad, anunciada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que se investiguen las listas de Bildu, el plan B de la izquierda abertzale para concurrir a las elecciones municipales y forales del 22 de mayo en coalición con EA y Alternatiba. En este sentido, recordó que la Ley de Partidos "está vigente" y que su cumplimiento compete al Gobierno central y a la Fiscalía. "Ellos actuarán conforme a lo que está ya legislado", advirtió.

A la cita, que se celebró en el Palacio de Justicia de Vitoria, asistió la mayor parte de la treintena de jueces y magistrados que ejercen en la capital alavesa. La reunión se prolongó durante más de una hora y media y sirvió para abordar cuestiones como la modernización de la Administración de Justicia, los tribunales de instancia o la creación de nuevas plazas de jueces y magistrados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de abril de 2011