Las víctimas llevan a la Cámara su discurso preventivo ante el fin de ETA

Las asociaciones de víctimas del terrorismo tienen la voluntad y la intención de mantener la guardia alta ante la posible vuelta a las instituciones de la izquierda abertzale ilegalizada y el proceso hacia el final del terrorismo. Ese contexto no es ajeno a la decisión de Covite, el colectivo vasco de víctimas, de comparecer ayer ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, a la que no había querido acudir desde 2002. Es la segunda vez que lo hace en sus 13 años de existencia.

Sobre el papel, sus representantes comparecían para comentar la actuación del Gobierno sobre los afectados por la violencia. Sin embargo, la intervención de sus portavoces Carmen Borrajo y Consuelo Ordóñez sobrepasó con mucho ese objetivo y se convirtió en todo un alegato de temores y exigencias, en el que quedó claro además que sus pasados agravios con respecto al nacionalismo siguen vivos.

El colectivo acude al Parlamento por vez primera desde 2002

Los afectados asumen que no les compete "diseñar ni ejecutar" políticas

A las víctimas les preocupa en particular que la izquierda abertzale acabe legalizada sin que ETA haya desaparecido y que los presos de la banda no salden sus deudas con la justicia, tal y como los representantes de Covite dejaron ver en la comisión. La mayoría de los asesinatos de ETA se produjeron mientras eran legales HB y las sucesivas marcas de los radicales y con su puesta fuera de la ley descendieron de manera significativa, argumentó Ordóñez. Borrajo reclamó que se exija una condena de "toda la historia de terror" de la banda.

Las víctimas temen también que alguien les solicite, en aras de la reconciliación, que vuelvan al silencio al que se vieron relegadas durante décadas, el papel que se pueda dar a la política penitenciaria y que el relato final que quede para la historia legitime de algún modo a los victimarios.

Esos temores, alimentados de modo intencionado o no por los elementos más radicales de estos colectivos, o desde fuera de ellos, han desencadenado ya el primer roce entre el Gobierno y el PP, de modo público y en sede parlamentaria. Por primera vez, el socio preferente del Ejecutivo interpeló hace días al titular de Interior, Roldolfo Ares, sobre una actuación de la Dirección de Víctimas del Terrorismo.

La cuestión sigue viva, pese a que ninguna de las dos partes parece querer que aumente su alcance, ya que el PP no ha accedido a la petición de Ares de que retirase su petición de comparecencia de la responsable de aquella dirección, Maixabel Lasa. "Si no lo hacen, simplemente significaría que se quiere seguir utilizando la política de víctimas, la política antiterrorista, para la confrontación partidaria", destacó el consejero en la Cámara el pasado 25 de marzo.

La comparecencia se sustanciará ya después de Semana Santa y ni Interior ni el PP quisieron poner ni quitar nada al cara a cara que mantuvieron Ares y la presidenta de la comisión, la popular Mari Mar Blanco, hace dos semanas. "De verdad, son muchas las víctimas del terrorismo, las asociaciones, que no se sienten cómodas, que no se sienten representadas con las intervenciones públicas protagonizadas en las últimas semanas [por la Dirección de Víctimas], entre otras, a los presos de ETA, al papel de las víctimas ante un final de ETA o sobre los buenos pasos de Batasuna", le advirtió Blanco al consejero.

La comparecencia de Lasa "no tiene por qué ir más allá" de su celebración, aseguraron ayer fuentes del PP. En el seno de este partido y de su grupo parlamentario se han producido algunas diferencias sobre esta cuestión o la de las víctimas de abusos policiales en el contexto de la acción terrorista que sus máximos dirigentes y el portavoz parlamentario, Leopoldo Barreda, tratan de conciliar. La manifestación del 9 de mayo en Madrid, a la que tienen previsto asistir varios dirigentes del PP vasco, encabezados por su presidente, Antonio Basagoiti, marca la frontera temporal de algunas decisiones pendientes en esa formación.

Covite afirmó que tiene asumido que las víctimas y sus asociaciones no son quiénes para diseñar ni ejecutar políticas, como recoge el manifiesto que todo el movimiento asociativo presentó el 23 de noviembre, pero también dejó expresa su intención de "seguir siendo visibles" y lanzó alguna advertencia con respecto de la política penitenciaria. No admitirá una política "flexible" ni "de gracia" respecto de los presos etarras. Las portavoces de este colectivo reclamaron que "no se sorteen los requisitos" para los cambios de grado o la obtención de beneficios penitenciarios por los reclusos de la banda.