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Pacto sanitario, sí; recortes, no

Cervera no contempla tijeretazos como los anunciados en Cataluña - Augura que tras las elecciones de 2012 llegará un acuerdo de sostenibilidad financiera

Manuel Cervera volvió ayer a insistir en la necesidad de alcanzar un pacto estatal por la sanidad para introducir medidas que garanticen una gestión más eficiente de los recursos y que combatan la deuda que acumulan las distintas autonomías, que, dijo, alcanza ya los 18.000 millones de euros.

Gobiernos como el catalán, en lugar de esperar a un acuerdo que quizás nunca, llegue ya han tomado la iniciativa de forma individual. El consejero Boi Ruiz ha anunciado un plan de reducción de gasto de 850 millones de euros -el 8,6% del presupuesto de 2010- ante la encrucijada histórica a la que, señala, se enfrenta la sanidad catalana. Estas medidas han levantado en armas a la izquierda y los sindicatos.

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¿Tiene el Gobierno valenciano diseñado en su agenda un plan similar para después de las elecciones si se mantiene en el poder? Ayer, Cervera dio a entender que no en la presentación en Valencia del Libro Blanco sobre el Sistema Sanitario Español, el enésimo diagnóstico que se realiza de la sanidad española, en este caso, a cargo de la Academia Europea de Ciencias y Artes.

Y no parece que la razón del consejero de Sanidad sea la falta de motivos. La Comunidad Valenciana es una de las que tienen una situación más delicada en lo que se refiere a la sostenibilidad de la sanidad pública. Entre 2003 y 2007 generó el 25% de toda la deuda del Estado (2.764 millones de euros de 10.843), según un estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. No parece que la situación haya mejorado sustancialmente.

Técnicos de Sanidad reconocen que en los dos últimos años se han dejado en el cajón -están fuera de la contabilidad oficial- 1.300 millones a los que no se ha hecho frente. Y pequeños proveedores arrastran cobros pendientes desde 2008. En la reciente presentación de la Plataforma de Proveedores de Sanidad, los empresarios que forman parte de esta entidad advirtieron del "riesgo real" de falta de suministro a la sanidad pública.

Cervera dijo ayer que el sistema de financiación penaliza a la Comunidad Valenciana, lo que explica la incapacidad de la Generalitat de hacer frente al gasto sanitario real. Ni siquiera el copago podría ser una solución para el consejero, al contrario de lo que plantea el libro blanco: "una medida aislada no soluciona nada". La salida, sostiene, solo pasa por el pacto entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas. Y que requeriría necesariamente un acuerdo entre el PP y el PSOE.

El libro alude a la necesidad de alcanzar un pacto nacional que dote al sistema de "mayor racionalidad económica financiera para hacerlo sostenible". Entre las medidas propuestas se encuentra la creación de un Fondo de Cohesión Sanitaria que corrija desigualdades entre autonomías, extender el copago en los medicamentos con excepciones en función de renta y enfermedad, la liberalización de las farmacias o introducir fórmulas de derecho privado en parcelas de gestión sin alterar la titularidad pública.

¿Es posible este acuerdo? No en los próximos meses. La proximidad de las elecciones "dificulta la toma de decisiones conjuntas", reconoció el consejero. "Pero cuando pase la vorágine electoral, estoy seguro de que las autonomías y el Gobierno que gobierne estarán en disposición de afrontar la cuestión, porque es la única forma de garantizar la sostenibilidad en los próximos años".

Libro blanco de la sanidad española

- La Academia Europea de Ciencias y Artes presentó ayer en Valencia el Libro blanco sobre el sistema sanitario español que propugna un pacto de Estado para garantizar su viabilidad financiera.

- El documento aboga por reformar el Consejo Interterritorial por ser un "órgano de coordinación insuficiente"; crear un instrumento financiero, el Fondo de Cohesión Sanitaria, para aplicar políticas de equidad entre autonomías o por introducir el copago en las prestaciones farmacéuticas con excepciones por renta o enfermedad.

- El libro también reclama "abandonar la actual base de derecho público" en materia de recursos humanos o suministros, manteniendo la titularidad pública del sistema.

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