Vizcaya dedicará 800 millones a la construcción y explotación de tres carreteras

La Diputación de Vizcaya acordó en su reunión de ayer sacar a concurso, en la modalidad de concesión administrativa, la ejecución de tres nuevas carreteras radiales en los tramos Urberuaga-Berriatua, Amorebieta-Muxika y Boroa-Igorre, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 553 millones de euros para la construcción de los viales y otros 273 millones para su explotación por un periodo de 30 años.

La diputada de Obras Públicas, Itziar Garamendi, fue la encargada de anunciar la licitación, a escaso mes y medio de las próximas elecciones municipales y forales. Garamendi concretó que los proyectos consisten, básicamente, en la ampliación, mejora o desdoblamiento de los trazados actuales mediante la construcción de nuevos elementos, ya sean túneles, viaductos o segundos carriles. La enorme complejidad técnica de los trabajos y los recursos económicos necesarios, sin embargo, han aconsejado, según la responsable, ejecutar las obras por fases.

En concreto, en la carretera Urberuaga-Berriatua se ha acordado sacar a concurso el ramal que llega hasta Ondarroa, con un total de 5,6 kilómetros, y dejar para más adelante el que parte de Plazakola en dirección hacia Lekeitio. El tramo afectado requerirá construir cuatro túneles, con un total de 1.264 metros de longitud, tres viaductos y otros tantos enlaces con las actuales carreteras.

Peajes 'en sombra'

En el eje Amorebieta- Muxika se saca a concurso la variante al actual trazado de Autzagane, de 3,4 kilómetros, ya que aún está por resolver cuál es la mejor alternativa medioambiental para superar al paso de Zugastieta. En la Boroa-Igorre, por su parte, primero se construirá el tramo de Boroa a Apario, de 4,7 kilómetros, para librar del tráfico los casos urbanos de Lemoa y Bedia.

La financiación de estos proyectos se va a realizar con cargo a los presupuestos forales, mediante una fórmula conocida como peajes en sombra, mediante la cual, Obras Públicas formalizará con las constructoras una concesión administrativa para que estas, "además de construir las nuevas infraestructuras, se ocupen de la conservación y explotación durante un periodo de 30 años, de los que tres o cuatro serán de construcción". La Diputación pagará, como contraprestación, un canon anual a las empresas concesionarias.