El alcalde de Borriol admite que pagó con dinero público su defensa jurídica

El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), admitió ayer ante un jurado haber utilizado fondos de las arcas municipales para pagar su defensa jurídica en una demanda contra un medio de comunicación. Santamaría alegó que, aunque la demanda se presentó en su nombre, lo hizo en representación del Ayuntamiento al considerar que la información "dañaba" la imagen del Consistorio. Sin embargo, el alcalde no supo explicar por qué en la misma demanda figura él mismo y no el Ayuntamiento como destinatario de los 30.000 euros que reclamaba como indemnización en una causa que luego perdió. "Lo hubiera cobrado el alcalde [es decir él] para el Ayuntamiento", dijo ayer.

Adelino Santamaría se sentó en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un presunto delito de malversación de fondos públicos, del que le acusa la fiscalía y por el que pide una pena de prisión de tres años y medio e inhabilitación absoluta durante siete años. Según el escrito de acusación de la fiscal, los costes del juicio que perdió Santamaría y los honorarios del abogado que lo defendió, que ascienden a algo más de 10.000 euros, "se abonaron con cargo a las arcas municipales, siendo ello improcedente por cuanto el acusado actuó en el referido pleito en su nombre propio y no como alcalde".

Un tribunal popular dirimirá hoy la inocencia o culpabilidad del alcalde, que trató de retrasar el juicio alegando un ataque de gota, por lo que ayer apareció en el juzgado ayudado por una muleta. Le acompañaban otros alcaldes del PP, diputados provinciales, vicepresidentes de la Diputación de Castellón y la secretaria general del PP, Marisol Linares.

El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), se amparó ayer en que los pagos realizados, a través de dos decretos firmados por él mismo, por su defensa jurídica en una demanda contra un medio de comunicación no tuvieron reparos de los técnicos y funcionarios municipales.

Según Santamaría, antes de interponer la demanda les pidió a los técnicos que estudiaran la posibilidad de emprender acciones legales contra un medio de comunicación local porque "dicha información pretendía hacer daño al alcalde y al Ayuntamiento, es decir, a la Corporación política que gobernaba". Ayer, ante el jurado que ha de decidir si es culpable o no de un delito de malversación de caudales públicos, alegó que aunque pensó que actuaba en nombre del Ayuntamiento, no pidió autorización al pleno municipal "porque existía una partida presupuestaria" para hacer frente a este gasto, aunque no supo definir de qué partida se trata.

Además, Santamaría se defendió insistiendo en que la sentencia de aquella demanda, que perdió, sostiene que por su "posición de alcalde estaba sujeta a todas las críticas".

Santamaría, que, de momento, está previsto que repita como candidato a la alcaldía de Borriol por el PP, justificó además no conocer los términos en los que se presentó la demanda: "Si me tengo que leer todo lo que firmo...", alegó. Un nutrido grupo de miembros de la Diputación de Castelló arropó ayer al alcalde en el primer día de juicio.