El juez Barreiro niega que haya condenado a Garzón por anticipado

Más de seis meses después de abrir el procedimiento abreviado contra el juez Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel, el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro rechazó ayer el recurso de reforma que imputaba a Garzón supuestos delitos de prevaricación e intercepción de comunicaciones con violación de garantías. Barreiro niega que con su resolución esté "prácticamente condenando" a Garzón, ya que, según dice, lo que hace es "replicar con argumentaciones diáfanas" y en "unos términos que transmitan cierta dosis de rotundidad" a las "tesis jurídicas inconstitucionales que sostiene el recurrente".

Según la particular visión del juez del Supremo, cuanto más incriminatorias sean sus resoluciones para Garzón, más le benefician, porque como contra la sentencia del Supremo no cabe recurso, "le favorece contar ya desde el primer momento con las hipótesis fácticas y las tesis jurídicas que pudieran perjudicarle". Barreiro insiste después en sus arremetidas contra el ministerio fiscal, al que critica por considerar válidas como fuente de prueba las grabaciones ordenadas por Garzón en la cárcel a los cabecillas de la red Gürtel, tesis que para el instructor es "contraria a las garantías constitucionales y legales de un Estado de derecho".

"Nulidad del proceso"

También aprovecha la oportunidad para inmiscuirse en el proceso principal contra la trama Gürtel, que instruye en el Tribunal Superior de Madrid el juez Antonio Pedreira. Barreiro deja caer que las escuchas a los primeros abogados de los cabecillas de la trama que están imputados en la causa contendrían "omisiones suficientes para determinar la nulidad procesal", pero no para acusar de prevaricación a Garzón. En cambio, sí cabe imputarle por las escuchas a los abogados contra los que no concurrían indicios.

El instructor del Supremo no solo se reafirma en que Garzón "laminó" o "cercenó" el derecho de defensa sino que incluso considera dichos términos "insuficientes para abarcar el sacrificio de los derechos fundamentales que concurren en el caso".

Barreiro desprecia el argumento de que Garzón pretendía evitar la evasión del dinero de los cabecillas de la trama, dado que "la reacción natural del delincuente es ocultar el producto de su actividad, pese a lo cual resulta insólito desmantelar su derecho de defensa con la instalación de micrófonos en los centros penitenciarios". En cambio, sí admite que en el caso de Marta del Castillo se practicasen escuchas "para hallar el cadáver de la joven asesinada".