La Junta comunica a la juez que no le dará todas las actas solicitadas

El letrado que representa a la Junta de Andalucía en el caso de los ERE fraudulentos comunicó ayer a la juez Mercedes Alaya su intención de no entregar, como ha pedido la magistrada, todas las actas de los consejos de Gobierno de los diez últimos años. El letrado del Ejecutivo andaluz, que había sido citado a mediodía de ayer por la juez, comunicó que el Gobierno andaluz se ratifica en los acuerdos adoptados el pasado día 29, y que se ofrece a remitir a la magistrada "la certificación de acuerdos o informes concretos que puedan ser relevantes para la causa judicial y también la certificación de inexistencia, en su caso, de acuerdos concretos".

La Junta entiende que la petición de la juez obligaría al Gobierno a "incumplir la ley" -ante la imposibilidad legal y material de levantar el carácter reservado de los documentos incorporados a las actas-, "o a renunciar a sus competencias". En este sentido, el letrado de la Junta ha transmitido a la juez Alaya su decisión de que se plantee un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, órgano dependiente del Tribunal Supremo, si insiste en solicitar la citada documentación.

Comisiones y UGT niegan el cobro de comisiones por asesorar en los ERE

El pasado día 29 de marzo, el Ejecutivo andaluz ya aprobó la presentación de un requerimiento ante el citado tribunal, en defensa de las potestades del Gobierno andaluz, y en el que se demanda la incompetencia del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por carecer de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas que solicita.

Fuentes del Ejecutivo andaluz indicaron ayer que la juez no comunicó nada al letrado de la Junta y que esperan una contestación de la magistrada a través de un nuevo auto.

Por otro lado, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, negaron ayer que estos dos sindicatos cobrasen comisiones por las labores de asesoramiento a las empresas y a la Junta, en la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), subvencionados con dinero público.

Según publicó ayer el El Mundo, los dos principales sindicatos cobraban un 1% del total de cada ERE en el que participaron como asesores. Carbonero y Pastrana negaron ayer conocer la existencia de dichos pagos, así como que sus respectivas federaciones regionales hayan cobrado de esos fondos. No obstante, ambos dirigentes sindicales dijeron desconocer si otras federaciones sectoriales o nacionales cobraban por dichos asesoramientos, aunque descartaron que ninguna de sus organizaciones estuviera realizando prácticas ilegales.

Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, dijo también desconocer dichos pagos y aseguró que su departamento no paga comisiones por asesoramiento en estos asuntos. Recio indicó que su departamento se limita a conocer el número de trabajadores objeto del ERE y el presupuesto total del mismo, y acudir al mercado a buscar la mejor oferta para que tenga "el menor coste para las arcas públicas". "Como gestor y responsable de empleo miro hasta el último céntimo y que sea el menor coste posible para una prestación determinada", insistió ayer Recio..