Los populares vascos se suman a un acuerdo en favor de las víctimas de torturas policiales

El Parlamento vasco aprobó ayer por práctica unanimidad -solo se abstuvo el único parlamentario de UPyD, de 75 que tiene la Cámara- una iniciativa que insta al Gobierno del lehendakari, Patxi López, a aprobar este mismo año un decreto con medidas para "víctimas de vulneraciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos en un contexto de violencia política". En ese alambicado nombre entran todas las causadas por actuaciones distintas a actos terroristas de cualquier signo -ya recogidas en la Ley de Víctimas del Terrorismo-, pero fundamentalmente por excesos policiales, incluidas las torturas, cometidos por agentes de la ley en el ejercicio de sus funciones.

En el consenso, fraguado con mucho trabajo, a raíz de un especial empeño de Aralar, a lo largo de los casi dos años de Gobierno socialista en el País Vasco, están PNV, PSE, PP, Aralar, EA y EB. La única salvedad es que el PP se opuso a la constitución de una ponencia específica que los demás grupos sí apoyaron. Teme que suene a equiparación con la que vela por el cumplimiento de la ley respecto de las víctimas del terrorismo.

En la anterior legislatura, el Gobierno tripartito de Juan José Ibarretxe trató de poner en marcha una iniciativa semejante a la semana de aprobarse la Ley de Víctimas del Terrorismo, en lo que PSE y PP consideraron un inaceptable intento de equidistancia. El portavoz socialista, Jesús Loza, resaltó justamente que el consenso sí se haya hecho posible "bajo el liderazgo del lehendakari López". El PP de Antonio Basagoiti ha tenido que vencer algunos recelos internos y sujeta como puede el contraste entre esta política en el País Vasco y el aumento del tono bronco en materias tan o más sensibles por el que ha optado en el debate nacional de la política antiterrorista. Aralar, por su parte, ha obtenido un importante triunfo frente a la izquierda abertzale tradicional, que ha hecho bandera propia de este tipo de cuestiones y se verá privada de un posible elemento de agitación al estar ya resuelto en foro institucional y con consenso máximo.