La Junta vuelve a llamar a la unidad en la solución del Guadalquivir

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, volvió ayer a llamar a la unidad y el consenso en la búsqueda de una solución sobre la gestión del Guadalquivir, después del mazazo de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el traspaso de las competencias del río a la Junta de Andalucía. Moreno explicó en el Parlamento lo que ya dijo el día anterior: que el Ejecutivo autónomo ha blindado con el Gobierno central la gestión durante seis meses como periodo transitorio, así como la validez de lo que se ha hecho en los últimos dos años, de modo que no quepa reclamación sobre las resoluciones y actos dictados por la Junta.

"Les pido unidad y acuerdo para avanzar en la ambición estatutaria sobre el río en el convencimiento de que conseguiremos la formula más adecuada para mantener la más amplia capacidad en la gestión del Guadalquivir", señaló la consejera a los parlamentarios, al tiempo que destacó la celeridad con la que se ha conducido la Junta.

Mar Moreno: "No llegaremos al 100%, pero tampoco vamos a ser una gestoría"

Moreno insistió en que la situación jurídica que se presenta es excepcional: "Nunca antes se había producido la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de un Estatuto de Autonomía que se está desarrollando". Por eso adelantó una intensa y compleja labor en el seno de la subcomisión que se va a crear para dar una solución definitiva que concluya con un modelo que contente a todas las partes. También quiso dejar claro a los grupos de la oposición que no existe "ningún limbo jurídico" y que, si bien el máximo que persigue el Gobierno andaluz respecto a la administración del río "nunca va ser al 100%", tampoco va a ser "una mera gestoría".

El popular Carlos Rojas advirtió de una supuesta colisión con la Ley de Agua y la reordenación del sector público por cómo puede afectar la sentencia a la Agencia del Agua. El PP, recalcó, ayudará a buscar las fórmulas definitivas más satisfactorias, pero que estén "ajustadas" a la Constitución, porque lo que se haga ahora será la garantía del futuro, y pidió a la Junta huir de remiendos y de ajustes provisionales para no incrementar la inseguridad jurídica.

Diego Valderas, de IU, también apoyó la iniciativa del Gobierno andaluz en las líneas generales, aunque le reclamó que comparta información con la oposición para llegar a una respuesta común. "No dudo que la solución jurídica sea complicada, pero el debate político no lo es", manifestó el izquierdista, quien considera que el Constitucional ha cortado un brazo al Estatuto.