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El Gobierno acusa a altos cargos de Madrazo de malversar medio millón

El Ejecutivo traslada la auditoría realizada a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas

Casi un año después de que saliese a la luz el caso Margüello, las supuestas irregularidades en adjudicaciones de Osakidetza, el Gobierno acordó ayer remitir a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas otra actuación del tripartito de Juan José Ibarretxe, esta vez relativa a la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya. Una auditoría externa ha descubierto que durante su proceso de extinción desapareció cerca de medio millón de euros.

Un decreto aprobado en enero de 2006 abrió el proceso de liquidación de estas entidades, que se encargó de realizar el Departamento de Vivienda, a cuyo frente estuvo Javier Madrazo, entonces también coordinador general de EB, durante los dos últimos Ejecutivos de Ibarretxe.

106.000 euros han sido hallados en la cuenta de uno de los sospechosos

Parte del dinero pudo utilizarse para financiar la película 'Ander'

El PNV es el partido que más dinero recibe para proteger sus sedes y actos

Madrazo comisionó para ello a los tres delegados provinciales de la consejería, cargo que ocupaba José María Gonzalo Casal en Vizcaya. En Álava y Guipúzcoa el proceso se completó con diligencia, pero el encargado de la liquidación de Vizcaya operó en sentido opuesto. La auditoría concluye que contrató personal, realizó obras en la sede de la Cámara -en la esquina de las calles de Ercilla y Henao, en el centro de Bilbao- y trasladó allí los servicios de Berdindu -atención a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales- que el Ejecutivo había subcontratado con la sociedad asistencial Aukeratu. El delegado de Vivienda en Vizcaya era además el administrador y tenía autorización total para operar con la cuenta bancaria de esta entidad, con la que mezcló a la Cámara vizcaína.

En lugar de liquidarla, Gonzalo contrató para su gestión al otro sospechoso, según la información facilitada ayer por el Gobierno, de haber incurrido en la supuesta malversación, Jon Alonso Hornes, a la vez encargado de la gestión administrativa de Berdindu en la consejería. El contrato se realizó en junio de 2006, cinco meses después de que se decretase la extinción legal de las Cámaras y cuatro después de que Madrazo le confiase la misión.

El Gobierno socialista se encontró a su llegada al poder en 2009, más de tres años después de disueltas las Cámaras, con la de Vizcaya sin liquidar y el contrato de Alonso en vigor. En ese momento se puso en marcha una actuación de oficio de la Oficina de Control Económico del Ejecutivo y se encargó una auditoría que ha arrojado los datos ahora remitidos a la fiscalía y la Tribunal de Cuentas al apreciarse indicios de malversación.

El análisis de las cuentas, realizado por ABM Auditores y Consultores, concluye que la Cámara vizcaina realizó operaciones ilógicas en un proceso de liquidación, en el que debería haberse limitado a transferir sus bienes y derechos a las arcas públicas. "Se han realizado importantes inversiones, se ha contratado nuevo personal y se han realizado gastos operativos no atribuibles a la Cámara, sino a servicios del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales", indica. Y faltaba una contabilidad que mereciera tal nombre de la gestión de Gonzalo.

El balance económico constata la desaparición de 444.345 euros, provenientes de las cuotas que pagaban a la Cámara los titulares de inmuebles que seguían cotizando a la misma. Un total de 111.519 euros han sido encontrados, de ellos 106.653 en una cuenta de Alonso. El destino de los otros 332.826 se desconoce, aunque averiguaciones realizadas este mismo año apuntan a que se emplearon para financiar la película Ander, dirigida por Roberto Castón y estrenada en 2009. El rodaje del filme, una reflexión sobre la homesexualidad, fue impulsada por Berdindu. Gonzalo y Alonso trabajaron en ella, el primero como productor ejecutivo y el segundo como su ayudante, tarea por la que ambos fueron remunerados.

El actual Gobierno exigió explicaciones a los dos tras el resultado de la auditoría y las conclusiones de la Oficina de Control Económico, pero, según reza el acuerdo aprobado ayer por el Gabinete, "no dieron cumplida respuesta acerca de la información requerida". En la documentación que remitió Gonzalo en febrero pasado incluyó un convenio entre la Cámara y la asociación Aukeratu para adelantar el dinero con destino a la película.

Esa asociación encargada de los servicios de Berdindu llegó a dar de alta en la Seguridad Social a una de las actrices del film. Tanto Gonzalo como Alonso siguen trabajando en el Gobierno: el primero, funcionario de carrera, como asesor jurídico en Vivienda; el segundo, como contratado laboral indefinido en Empleo, tras haber tenido el Gobierno que readmitirle tras recurrir su despido. Alonso consiguió el puesto gracias a su contratación en 2006, ya que el Ejecutico estaba obligado a hacerse cargo del personal de las Cámaras. A ambos se les ha abierto un expediente disciplinario.

Mendia defiende el cambio a escoltas privados

La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, señaló ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno que la renuncia a los servicios de protección que ofrecen el Departamento de Interior o el ministerio a cargos públicos es "una decisión personal" que quien quiera tendrá que valorar. Con todo, añadió que la voluntad de ambos Gobiernos es "seguir manteniendo la máxima seguridad" a los "posibles objetivos" del terrorismo, sea con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluyendo la Ertzaintza, sea con escoltas privados.

Mendia respondió así a los concejales socialistas y populares que han mostrado su descontento, según reveló ayer EL PAÍS, tras enterarse de que los guardias civiles y policías nacionales que les protegen en la actualidad serán relevados desde el próximo viernes por guardaespaldas privados. Algunos han adelantado incluso su intención de renunciar a la protección si ese relevo llega a materializarse.

El Gobierno no intervendrá en el conflicto, por ejemplo para sustituir con ertzainas a los agentes que retira el ministerio, ya que la policía vasca solo protege a parlamentarios y miembros del Gobierno, explicaron fuentes del Ejecutivo. El Departamento de Interior, que dirige Rodolfo Ares, también sigue la política de recuperar para el servicio ordinario a agentes de los que ha tenido que prescindir durante años para destinarlos a escoltar a amenazados por ETA.

Los interesados conocieron el cambio sin que se les hiciese ninguna consulta, advertencia o comunicación directa, lo que ha podido incrementar su malestar. El hecho ha coincidido con la difusión del vídeo en el que un etarra confiesa los planes para secuestrar y asesinar al edil socialista Benjamín Atutxa, lo que ha podido también ejercer una influencia negativa en personas amenazadas o entre sus familiares.

En coincidencia con ese cambio, el Gobierno aprobó ayer las subvenciones a los partidos para seguridad de sus sedes y actos. El PNV recibirá 201.229 euros, por 161.677 del PSE y 78.000 del PP, ya que las cantidades se corresponden a la representación pública y no a la amenaza o el riesgo que pese sobre cada formación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de marzo de 2011

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