La suspensión de las elecciones tiñe el debate de los aspirantes a rectores

El asunto no debería haber aparecido en el acartonado debate que duró casi dos horas. Pero ocurrió. En el último turno de palabra del encuentro entre candidatos a rector de la Universidad Complutense, el aspirante Carlos Andradas miró a uno de sus oponentes, Patxi Aldecoa, y le dijo: "Haga lo posible para que las votaciones se celebren el día 6". La frase, recibida con aplausos por parte del público del salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información, abrió la caja de los truenos. Por partes.

El próximo 6 de abril, decisión judicial mediante, se celebra la primera vuelta a las elecciones a rector de la universidad presencial más grande de España. Uno de los seis candidatos, Patxi Aldecoa, presentó el lunes un recurso que ha motivado la suspensión cautelar de los comicios por presuntas irregularidades en la elaboración de los censos. Mañana jueves el juez escuchará a las partes para ver si la fecha se mantiene o se pospone.

Los candidatos celebraron ayer un debate sin confrontación

Todos los aspirantes, salvo Andradas, aludieron a la deuda

"Las capillas no son causa, en general, de escándalo", dijo Iturmendi

"El debate de las capillas habrá que tenerlo", opinó Carrillo

Los candidatos se reunieron ayer por la mañana con el rector para intentar pactar una postura conjunta ante el juez que permita mantener las elecciones. No hubo acuerdo, pero sí un pacto de silencio entre caballeros: obviar el asunto en los actos de campaña hasta la nueva reunión en pos de un acuerdo prevista esta tarde. No ocurrió. Andradas habló y Aldecoa, visiblemente molesto tras el debate, veía el acuerdo aún más lejos.

Hay 498 profesores contratados doctores cuyo voto no está bien valorado, según la denuncia de Aldecoa. En el mapa de voto ponderado, su papeleta debería estar en el cupo del 51% de los funcionarios doctores en lugar de en el 12% que se reserva al resto del personal docente e investigador. Alcanzar o no un acuerdo en este asunto antes de mañana condiciona la judicialización del proceso, lo que retrasaría las elecciones entre seis meses y un año, según varios responsables universitarios consultados.

El asunto copó los corrillos posteriores al debate, por llamarlo de alguna manera. El formato, pactado entre todos los candidatos, lo convertía más bien en una sucesión de monólogos con un minutaje perfectamente tasado por el periodista Antonio San José. Todos los representantes dispusieron de cinco minutos iniciales para presentar sus programas, que en las bases no incluyen grandes diferencias, como resumió con humor el candidato José Iturmendi en el turno de cierre en el que tocaba destacar singularidades: "Es difícil hablar de hechos diferenciales, me siento como el octavo marido de la Taylor".

Todos los candidatos, excepto Carlos Andradas -considerado el delfín de Berzosa y miembro actual de su equipo-, aludieron a la deuda de la Complutense (entre 150 y 180 millones de euros, según quien la cifre) como el principal problema de la universidad.

También fue la primera de las seis preguntas que se recogieron del público y que los candidatos respondieron en un minuto, de nuevo sin interacción entre ellos. Casi todos coinciden en la necesidad de pedir un crédito para la refinanciación y en restablecer las malogradas relaciones de la universidad con la Comunidad de Madrid, que es quien debe autorizar ese crédito y de la que depende "el 80% de los ingresos", como recordó el candidato Luis Perdices. José Carrillo aseguró que la Complutense puede obtener 60 millones anuales a cambio de servicios, Aldecoa propuso un "plan de austeridad serio" y Sánchez Lobato, la reducción de rectorados.

Otra de las cuestiones del público aludía a la última polémica vivida en la Complutense. El 10 de marzo un grupo de 50 personas asaltó la capilla del campus de Somosaguas. Su protesta ha abierto el debate sobre la presencia de oratorios en las universidades públicas (en Madrid hay 21, el doble que en todas las universidades públicas del resto de España).

Iturmendi se mostró claramente a favor: "Las capillas, en general, no son causa de escándalo. Dan un servicio a quien quiere utilizarlo". Aldecoa defendió que el asunto se resuelva "a través de los órganos de la universidad". Dos facultades (Psicología y Geografía e Historia) han reclamado en las juntas el cierre de sus capillas. Andradas apostó por "un debate sosegado" pero abrió la puerta a modificar los acuerdos que la universidad tiene con el Arzobispado para el mantenimiento de los oratorios, mientras que Sánchez Lobato propuso que se defiendan esos acuerdos. Perdices aseguró que "una universidad pública y laica puede convivir perfectamente con una capilla porque no hay símbolos religiosos en lugares comunes". Sólo Carrillo reprodujo la pregunta que han repetido en los últimos días distintos colectivos laicos y grupos de profesores: "El debate de las capillas habrá que tenerlo porque ¿es necesario tener capillas en una universidad pública?".