Hacienda exige a las comunidades más medidas para atajar el déficit

El déficit autonómico se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Gobierno. Tras el incumplimiento de las reglas por más de la mitad de las comunidades el año pasado, el Ejecutivo mira con lupa los planes de reequilibrio que han presentado las comunidades para sanear sus cuentas. Con criterios más estrictos que en otras ocasiones, el Ministerio de Hacienda ha exigido medidas adicionales a algunas Administraciones ante la falta de correspondencia entre esos proyectos y el objetivo que pretenden alcanzar: cerrar las cuentas de 2011 con un déficit equivalente al 1,3% de cada PIB regional.

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, advirtió ayer de esa mayor contundencia empleada: "Cuando sea necesario, se va a exigir a las comunidades -de hecho se lo estamos exigiendo ya- que adopten medidas adicionales a las que contemplan en sus planes de reequilibrio para que el déficit resultante se ajuste a los compromisos del Estado español". Ocaña no quiso ir más allá de este mensaje, lanzado en la Comisión de Presupuestos del Congreso, aunque a preguntas de los periodistas añadió: "Inevitablemente tienen que gastar menos". Fuentes del ministerio matizan que estas modificaciones son habituales en el proceso de elaboración de los planes de reequilibrio y que estos no son definitivos hasta su aprobación.

El superávit del Estado de enero y febrero baja el 43%, al 0,18% del PIB

Las palabras del secretario de Estado evidencian que al menos una parte de las comunidades han entregado proyectos que no satisfacen al ministerio. Sin citar casos concretos, Ocaña aseguró, preguntado por Cataluña, que su departamento trabaja con la Generalitat para cerrar el plan. No obstante, el presidente catalán, Artur Mas, sugirió el lunes que no puede cumplir el déficit del 1,3% después de que en 2010 las cuentas registrasen un desfase del 3,9%. Las comunidades afrontan gastos de difícil control como la sanidad y la educación.

Salvo Madrid, que ha cumplido las reglas, todas las comunidades han presentado planes de reequilibrio por haber superado los objetivos de déficit en algún momento del periodo 2009-2011 (en este último caso, según la previsión presupuestaria). Hay territorios como Cataluña, Galicia, Castilla y León, y Castilla-La Mancha que tendrán que rehacer -al menos parcialmente- sus cuentas para 2011 porque han incluido como ingresos cantidades atribuibles al nuevo sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo no desembolsará hasta 2013. En el caso de Castilla-La Mancha, la Administración con mayores desequilibrios en 2010, el plan de saneamiento anunciado descansaba en medidas con potencial de ahorro limitado como el cierre de edificios públicos por la tarde.

Pese a esas objeciones, Hacienda confía en dar el visto bueno a varios de esos planes en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Gobierno central con las comunidades, previsto para mediados de abril. "El ministerio va a ser muy riguroso en el seguimiento y en la aprobación de esos planes", aseguró Ocaña. Además, Hacienda controla más desde 2011 las transferencias que la Administración central realiza a las comunidades incumplidoras en el marco de convenios públicos.

También el Consejo de Política Fiscal abordará las nuevas reglas de gasto que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comprometió la semana pasada en Bruselas y que explicará hoy en el Congreso. El mecanismo consistirá, según Hacienda, en fijar techos de gasto ligados al potencial de crecimiento de la economía a medio plazo, de forma que cuando se crezca por encima de ese potencial se puedan generar reservas para emplear cuando la economía renquee. Las comunidades serán invitadas a sumarse a esa regla que no regirá a corto plazo, según admite el Gobierno, pues la reducción del déficit obliga ahora a recortar gastos aun si la economía crece.

Más allá de las cuentas autonómicas, Ocaña desgranó la ejecución presupuestaria del Estado hasta febrero, que arroja un pequeño superávit del 0,18% del PIB (1.900 millones). Este resultado, un 43% inferior al del mismo periodo del año pasado, obedece al diferente reparto de recursos entre Administración central y comunidades que establece el nuevo sistema de financiación autonómica, explicó Ocaña. Si se corrigiera ese efecto, el superávit rozaría los 4.000 millones. No obstante, las cifras, con una caída de ingresos del 0,7% y una reducción de gastos del 19%, quedan algo por debajo de lo esperado. En positivo, Ocaña matizó que están "muy cerca" de la previsión. Los datos de inicio del año son poco representativos. En el conjunto del ejercicio, el objetivo es reducir el déficit de la Administración central del 6,7% del PIB de 2010 al 4,8% este año.