El intermediario de Brugal dice que no conoce a políticos de Orihuela

El empresario del sector de la automoción Rafael Gregori aseguró ayer ante el juez que no conoce a nadie en Orihuela, "ni a políticos, ni a funcionarios" del Ayuntamiento, aunque admitió relacionarse con "empresarios" de toda la provincia de Alicante. El intermediario del caso Brugal contestó exclusivamente a las preguntas de su abogado y se negó a responder a las cuestiones del resto de las partes, del ministerio fiscal y del juez. Gregori fue más lejos al aseverar que "nunca" ha entrado en el Ayuntamiento de Orihuela.

El empresario, detenido por la policía en 2010 en tres ocasiones, una por el caso Brugal y las otras dos por alzamiento de bienes y estafa en Autisa, su empresa de automoción, está considero como el intermediario clave de la trama corrupta del negocio de la basura y el urbanismo.

Gregori en las cintas: "Que nos llenen los bolsillos y se dejen de monumentos"

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, se limitó a comentar a la puerta de los juzgados que Gregori "ha declarado sobre aspectos no imputados a él, y no ha declarado sobre lo que se le imputa". La comparecencia del empresario ante el juez duró menos de media hora. El abogado, Bernardo del Rosal, que defiende al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, también imputado en esta causa, aseguró que Gregori "no ofreció dinero o dádivas" a políticos de Orihuela a cambio de favores.

Gregori aseguró ante el juez que ni él ni ninguna de sus empresas de automoción vendieron vehículo alguno a la unión temporal de empresas (UTE) que se hizo con el concurso de las basuras de Orihuela, formada por Sufi, Liasur, Gobancast, estas dos últimas supuestas tapaderas de Ángel Fenoll. El empresario admitió desconocer por qué está imputado en este caso ya que considera que no tiene relación alguna.

Además del amaño de la contrata de la basura de Orihuela, Gregori está imputado en la pieza que investiga un supuesto cohecho por en la adjudicación del plan zonal de La Vega Baja, y una tercera que indaga irregularidades en la financiación de la Fundación Hércules, órgano que presidió durante algún tiempo.

Según se desprende del contenido de las grabaciones policiales, ordenadas por el juez, Gregori actuó presuntamente como intermediario de los muñidores de la trama: Ripoll, y los empresarios Ángel Fenoll, y el contratista Enrique Ortiz.

Las relaciones entre Gregori, Fenoll y Jorge Sanz, otro empresario vinculado al negocio de las televisiones locales, se recogían en numerosos pasajes de los informes policiales del caso Brugal. Una de estas conversaciones de febrero de 2009 (publicada por EL PAÍS, 6-12-2010) desvela unas operaciones mercantiles cuyo último fin, supuestamente, era "llenarse los bolsillos", y Gregori admite a Sanz que "si les damos tanto luego nos van a poner un monumento, a ti y a mí", en alusión a un monolito de mármol blanco en Orihuela. Y Gregori, en aquella conversación contesta: "A nosotros que nos llenen los bolsillos y se dejen de monumentos ¿eh?". Y Sanz dice: "El monumento que lo hagan a eso, que quiero vivir tranquilito". La conversación concluye con un compromiso de Gregori, que afirma: "Cuando tenga preparado lo de la UTE te llamo y nos vemos un ratito".