Los déficits democráticos

En una semana tan convulsa y tan repleta desde el punto de vista informativo: los muertos civiles por los bombardeos de las fuerzas leales a Gadafi, por los bombardeos de las potencias occidentales, el riesgo en que siguen viviendo los japoneses de contaminación nuclear, el seísmo y posterior maremoto en Japón, el seísmo (controlado por la actitud de Sortu) ante el terremoto que la Sala 61 del Tribunal Supremo podría haber provocado, la cuestión sobre la que pretendo hacer una reflexión parece nimia. La dimisión de Sócrates y el riesgo en que se halla Portugal de verse en situación de precisar el rescate de sus socios europeos completa el escenario. De alguna manera habré de defenderme. Quizá incurriendo en aquel vicio en que tanto insistía Lázaro Carreter de tomar el texto como pretexto o, dicho de otra manera, coger el rábano por las hojas.

Además de todo lo anterior, nos vemos inmersos en un proceso electoral, el día 28 de marzo serán convocadas las elecciones municipales y forales, se iniciará el proceso que conducirá al momento del sufragio activo, la votación, momento que a decir de Norberto Bobbio, quizá el último gran referente en Derecho Político, es la mayor expresión de la democracia, pues es el único momento en que concurre la igualdad más absoluta entre los ciudadanos, un hombre o mujer un voto, sin interferencias derivadas de las condiciones materiales de libertad.

Observar el proceso electoral en sus sucesivas fases nos puede permitir analizar si el pensamiento de Bobbio en este aspecto es correcto, si es predicable esa igualdad absoluta.

Desde hace años, los partidos de izquierda vienen denunciando la existencia de un déficit democrático en los comicios. Dejando de lado la discriminación con la población emigrante, mucho menor en estos comicios, que podría salvarse acudiendo a un criterio formal como la nacionalidad, existen de difícil justificación, material o formal.

La ilegalización de Sortu ha puesto de relieve estos defectos. El auto de la Sala del 61 ha privado del derecho de participación del artículo 23 de la Constitución a un sector importante de la sociedad. Ni la cuarentena, ni la desaparición de ETA, ni la credibilidad aparecen en la ley 6/2002. Exigirlos es simplemente ignorar la seguridad jurídica, la irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos, principios constitucionales -artículo 9-. En definitiva, prescindir del Estado de Derecho, que tanto se invoca para rechazar cualquier intento de solución dialogada. En resumen, actuar deslealmente.

Tampoco cabe desconocer la incidencia de los sistemas electorales. Estos sistemas de distribución de puestos y escaños tienen como objeto reducir la pluralidad social para conformar la realidad institucional. Así, entenderemos que son un mal necesario, pero un mal, porque tienen por objeto limitar el pluralismo. Por tanto, habrá que apostar por sistemas más proporcionales y con las menores barreras posibles para evitar que, por causa del principio de reducción, existan votos con menor valor que otros. La reforma de la ley electoral en este sentido es una vieja aspiración de los partidos de izquierda que se ve continuamente defraudada por los grandes partidos.

Los procesos electorales se inician no ya con las campañas, ni siquiera con las precampañas, entendidas estas como el periodo que va desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas. Para este periodo se establecen limitaciones en las diversas leyes reguladoras de la publicidad institucional y en la misma Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Se prohíben durante este periodo actos organizados o financiados por los poderes públicos tendentes a publicitar actos y logros obtenidos. Así mismo, esta última norma incluye dentro de estos actos prohibidos en este periodo las inauguraciones de obras o servicios públicos.

Pero lo cierto es que en la realidad hoy en día, el periodo de precampaña no sólo abarca aquel que va entre convocatoria y votación, sino que se inicia con mucha anterioridad. Sin ir más lejos, casi todos los partidos han realizado actos de presentación de sus candidatos y programas hace ya más de un mes. Los partidos grandes ya han buzoneado las ciudades hablándonos de sus logros y de las virtudes de su programa y candidato. En prensa ya se publican anuncios a toda página que, es cierto, no piden el voto, pero publicitan la marca, construyen imagen corporativa y esto cualquier experto en mercadotecnia dirá que es vender. Durante este periodo han proliferado las inauguraciones: sólo a modo de ejemplo citaremos la inauguración por Elorza y Celaá de las escuelas de Morlans, más de seis meses después de su puesta en marcha.

Si seguimos con los ejemplos podemos recordar la reciente retirada de una campaña de difusión de logros que por importe de más de 300.000 euros licitó la Diputación Foral de Guipúzcoa: sólo por la denuncia y ejercicio por la oposición de las acciones administrativas correspondientes se vio obligado el Gobierno foral a retirarla.

¿Cómo es posible que una treta tan burda para defraudar las limitaciones de la ley Electoral sea tan eficaz que induzca a tirios y a troyanos a utilizar su posición en las Administraciones?

Concurriendo las circunstancias a las que me he referido, parece difícil compartir la afirmación de Norberto Bobbio. ¿Cómo defenderse de estos déficits democráticos? No hay más defensa que una profunda cultura democrática de los ciudadanos, cultura que los grandes políticos de la Transición se ocuparon de hurtar a los ciudadanos.