Un canon mal abrigado

Sorprende que el Gobierno haya arropado con materiales jurídicos tan precarios un tema, como el del canon digital, al que si algo le sobra son dudas sobre su pertinencia. Primero fue el Tribunal Europeo estableciendo que su aplicación era indiscriminada y que debía corregirse. Ahora ha sido la Audiencia Nacional quien ha sentenciado que la orden que fijaba la lista de dispositivos y tarifas en 2008 debe tener consideración de reglamento y, por tanto, someterse a una serie de trámites -memorias justificativa y económica y un dictamen del Consejo de Estado- que no se cumplieron.

El tribunal destaca que sería incomprensible que la fijación en su día del canon sobre soportes analógicos tuviera un determinado rango jurídico y el de la orden que establecía los dispositivos y las tarifas del canon digital fuera menor. Conclusión, la orden presenta un vicio radical que debe subsanarse. La sentencia es recurrible, pero las sociedades de gestión ya han pedido al Gobierno que subsane lo más rápidamente posible estos defectos. De momento, la lista fijada en 2008 deja de estar en vigor y se regresa a la anterior de 2006, que no contempla exactamente ni los mismos soportes ni las mismas tarifas. Soportes como el CD han perdido la importancia de antaño.

Además de subsanar estos defectos de forma, el Gobierno debe corregir la normativa que permitía el cobro del canon digital a empresas y Administraciones. La filosofía del canon es que se trata de una compensación porque quien dispone legítimamente de una obra puede sacar una copia para su uso privado. Esta copia no se retribuye al autor de la obra y el canon sería la fórmula destinada a paliar esta merma de ingresos. Pero en España, y otros países, este canon se ha cobrado a personas jurídicas y Administraciones que usan estos soportes para almacenar su propia documentación.

Las sociedades de gestión, temiéndose lo peor -es decir, que la sentencia de la Audiencia Nacional pusiera en tela de juicio la existencia del canon- han respirado. El canon sigue siendo legal en España. Lo que debe corregirse es el procedimiento que implanta sus tarifas.

Pero si la convicción social sobre el canon digital es frágil, estos dos arañazos jurídicos la debilitan todavía más. Mientras tanto, sigue sin repensarse la Ley de Propiedad Intelectual.