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La custodia compartida primará, aun con "malas relaciones" de los padres

La ley crea tensión en el PP y enfrenta a Compromís con socialistas y Esquerra Unida

Las Cortes Valencianas aprobaron ayer una ley que da la vuelta como un calcetín al régimen de custodia de los hijos que recoge de manera preferente el Código Civil. La Ley de Relaciones Familiares de los Hijos cuyos Progenitores no Conviven, más conocida como Ley de Custodia Compartida, establece que la autoridad judicial "como regla general, atribuirá a ambos progenitores, de manera compartida, el régimen de convivencia con los hijos y con las hijas menores de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones entre ellos".

La norma, aprobada ayer en el denominado pleno escoba de la legislatura, cuya celebración descartó inicialmente el PP, ha causado tensiones en las filas populares -ayer no estuvo en la votación el vicepresidente Juan Cotino, cabeza visible del sector más conservador, aunque sí el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que promovió el proyecto-, y ha enfrentado a Compromís con los otros grupos de la oposición. Mientras Marga Sanz, de Esquerra Unida, calificó de "inmenso error" que se dé prevalencia a la custodia compartida y criticó con dureza que, además, el PP haya rechazado introducir en la ley mecanismos de mediación, Mònica Oltra, de Compromís, hizo una ardiente defensa de la propuesta para evitar que, con la preferencia de la custodia por la madre, se otorgue "derecho de veto a una de las partes". Lola Huesca, del PSPV-PSOE, coincidió con Sanz en la defensa de un sistema que no dé prevalencia a ninguna de las modalidades y puso de ejemplo la ley promovida en Navarra por socialistas y populares en ese sentido. Huesca advirtió que imponer la custodia compartida "solo puede empeorar la convivencia" y perjudicar el interés del menor, que debe ser el objetivo último, y aventuró que la ley será recurrida al Tribunal Constitucional por la Administración central dado que la Comunidad Valenciana, aunque haya introducido en el Estatut d'Autonomia de 2006 una referencia al derecho foral, no tiene competencias para legislar ex novo.

Imponer la custodia compartida agravará los conflictos, según el PSPV y EU

La atribución a la madre da veto a una de las partes, dice Compromís

La popular Marisol Llinares dijo que la ley pretende "devolver a la familia su debilitado papel", en alusión al denominado "pacto de convivencia familiar" que establecerá las condiciones de la convivencia entre los separados o divorciados e incluso entre los abuelos de los menores. Llinares acusó a los socialistas de no aceptar para los valencianos lo que han aceptado en Aragón o Cataluña y recordó a Esquerra Unida que incluyó en su programa la preferencia de la custodia compartida. La diputada aseguró, para salir al paso de las divisiones en su grupo: "Esta ley ha tenido unanimidad del Ejecutivo al legislativo".

Sanz acentuó su rechazo a la custodia compartida "impuesta" y dijo que el programa de Esquerra Unida aclarará esa postura. Añadió que "los derechos de las personas deberían estar regulados por el Estado" y no diferir en unas comunidades autónomas y otras. Oltra la criticó por "cargarse" dos viejas reivindicaciones de Esquerra Unida, la custodia compartida y el derecho foral. La diputada de Compromís también acusó a los socialistas de inconsecuencia con el Estatut d'Autonomia que aprobaron junto al PP y que recogía el derecho civil valenciano. La socialista Huesca advirtió que el PP lo que busca es un nuevo enfrentamiento con el Gobierno central.

El pleno escoba sirvió para aprobar otra norma polémica, la Ley de Movilidad. Aquí, toda la oposición votó en contra. El socialista Francesc Signes dijo que el PP se ha hecho un lío al tratar de apaciguar las protestas de diversos sectores afectados. "No se puede engañar a todos al mismo tiempo", dijo el diputado, que anunció que si los socialistas ganan las elecciones, aprobarán las demandas de las víctimas del metro: una ley de transporte ferroviario y otra para crear una agencia de seguridad en el transporte. Signes se jugó una paella con el popular Fernando Giner a que, si es el PP el que gana las elecciones, se verá obligado en unos meses a modificar una "ley pésima". Lluís Torró, de Esquerra Unida, y Mònica Oltra, de Compromís, criticaron que la ley no aborde la movilidad sostenible ni la accesibilidad.

El último pleno de la legislatura aprobó también la ley de bomberos y la modificación de dos artículos de la Ley de Régimen Local para armonizarla con el Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de marzo de 2011