El TSJ rechaza el recurso de Luna y lo juzgará por encubrimiento

Ángel Luna, portavoz parlamentario socialista, distinguido en los últimos dos años por denunciar la connivencia del Gobierno valenciano con la trama Gürtel, será paradójicamente el primero que se siente en el banquillo por unos hechos relacionados con el caso. El juez Juan Montero, tras una denuncia interpuesta por el PP, le abrió juicio oral el 11 de marzo por un supuesto delito de encubrimiento: obstaculizar la identificación de la persona que le hizo llegar un informe policial, que estaba bajo secreto de sumario, en el que se detallaba cómo la trama corrupta se embolsó tres millones de euros con la visita del Papa a Valencia en el año 2006 gracias a un contrato de la televisión pública valenciana, Canal 9. Luna esgrimió ese documento en un debate parlamentario con el presidente Francisco Camps el 24 de marzo de 2010 y siempre ha afirmado que le llegó de forma anónima.

El tipo de proceso impide analizar la consistencia de la acusación

La sala indica que los hechos pueden interpretarse de forma distinta

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó ayer, sin entrar en el fondo del asunto, las apelaciones que tanto el diputado como el ministerio público presentaron contra la previa decisión del magistrado de continuar el procedimiento. De ese modo, y dado que contra la apertura de juicio oral dictada por Montero no cabe recurso, Luna será juzgado probablemente en abril. La sentencia podría conocerse ese mismo mes o a principios de mayo.

El auto que rechaza las apelaciones, del que ha sido ponente el juez José Flors, el mismo que mantiene imputado a Camps por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, subraya que dadas las características del procedimiento abreviado que se sigue contra Luna, la Sala Civil y Penal no podía entrar a analizar la fortaleza o debilidad de los indicios (pruebas no hay) de la acusación contra el portavoz socialista.

"Lo que no resulta posible al tribunal de apelación es realizar un examen directo del resultado de las diligencias practicadas para extraer unas propias conclusiones que sustituyan la valoración indiciaria de los hechos racionalmente realizada por el instructor por otra diferente que pudiera considerarse preferible", señala el auto.

"Se trata solo", prosigue, "de analizar si la imputación en la que se basa la decisión de continuar el procedimiento por los trámites de la preparación del juicio se halla razonablemente fundada". Tras su limitado examen, la sala considera que la conclusión de Montero "no es algo que se aparte completamente de la lógica, ni resulta absurda, irracional o arbitraria".En otro fragmento, referido al razonamiento realizado por el juez instructor, la sala señala: "Cierto es que, a partir de esos mismos antecedentes, interpretados de modo diferente, podría llegarse a una conclusión distinta, pero esa posibilidad no convierte, sin más en absurda o irrazonable, ni tampoco esencialmente imposible aquella otra alternativa (la de Montero); y ya hemos dicho al respecto que en el ámbito de este recurso no le es dado a este tribunal sustituir las valoraciones del magistrado instructor, salvo casos de manifiesta irracionalidad".

Es decir, ese es el grado de exigencia sobre la solidez de la acusación que se exige en esta fase del procedimiento. Pero la sala advierte que la exigencia en el juicio será superior: "No hay que olvidar tampoco que el Tribunal Supremo tiene declarado sobre este particular que el grado de certeza en la fijación de los datos del hecho y el de valoración de la tipicidad penal para garantizar la razonabilidad de la continuación del procedimiento, no es el mismo que se necesita para decidir, en el acto del juicio, sobre la condena (o) la absolución, en cuyo acto debe tomarse en consideración en todo caso el principio in dubio". El principio legal In dubio pro reo establece que en caso de duda, por ejemplo por no existir suficientes pruebas, debe fallarse a favor del acusado.

El apunte es importante al relacionarlo con lo que se ha aportado hasta ahora en el procedimiento. Y en concreto, con el hecho de que en la instrucción no figura ninguna prueba que desvirtúe la versión de Luna.

El relato de hechos es conocido. Hace ahora un año, en un debate en las Cortes con Camps, Luna mostró un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que explicaba cómo la trama Gürtel se había lucrado con la visita del Papa a través de un contrato de Canal 9. La televisión pública valenciana estaba dirigida entonces por Pedro García, estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, que ejercía como delegado de la red corrupta en Valencia.

El contenido del informe había sido publicado meses antes en EL PAÍS y también en otros medios, pero se encontraba bajo secreto de sumario. El PP presentó una denuncia por revelación de secretos que el juez Montero archivó porque no había, dijo, nada que la sostuviera. El magistrado decidió seguir la investigación, sin embargo, por un supuesto delito de encubrimiento. La actuación del portavoz socialista, consideró el juez, impedía averiguar quién había efectuado la filtración.

La versión de Luna también es conocida. Afirma que encontró el informe en un sobre sin remitente en la mesa de su despacho en las Cortes; que en el momento en el que lo mostró no sabía que estaba bajo secreto de sumario; y que después de enseñarlo se despreocupó de él porque, tras ser aceptada su personación como acusación en el caso Gürtel, el 7 de mayo de 2010, pasó a tener acceso informático a todo el sumario. Por ello, agregó, cuando Montero le reclamó el documento, el 20 de diciembre, hacía tiempo que se había despreocupado de él.

A pesar de que en el procedimiento el PP no ha aportado ninguna prueba contra esa versión, Montero consideró que el socialista sí sabía que el informe era secreto o lo supo poco después; que era consciente de que quien se lo hizo llegar había cometido un delito (o que en cualquier caso alguien lo cometió en su momento); que su explicación de cómo lo recibió no es razonable; y tiene el documento pero no lo quiere entregar, y por tanto lo está ocultando.

Un razonamiento al que llegó, básicamente, con un indicio: Luna indagó, antes de declarar ante Montero, si los sobres que llegan a las Cortes pasan siempre por registro de entrada. Según Luna, lo hizo para tener la máxima información para responder ante el juez. A Montero, en cambio, le resultó lo bastante sospechoso como para enviarlo al banquillo.