Visto para sentencia

El Supremo celebró -ayer y anteayer- audiencia pública para escuchar los testimonios de los expertos citados y las conclusiones de quienes impugnan o defienden la inscripción registral de Sortu, el nuevo partido auspiciado por sectores de la izquierda abertzale vinculada a ETA durante décadas que se compromete ahora a rechazar en el futuro la violencia y el terrorismo.

Pero la apelación al carácter ajustado formalmente a derecho de los estatutos de Sortu no resuelve el fondo jurídico del asunto. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 2009, que rechazó la demanda de Batasuna contra su ilegalización por el Supremo en 2003 (resolución confirmada por el Constitucional en 2004), recordó que los estatutos de un partido no son el único criterio a la hora de pronunciarse sobre su legalidad. El contenido estatutario tiene que ser comparado con los actos y las tomas de posición de los militantes. Tampoco cabe exigir al Estado que aplace la ilegalización de una formación política sospechosa hasta que sus miembros comiencen a poner en práctica desde el poder un programa de gobierno incompatible con el Convenio de Roma y la democracia. Los tribunales nacionales -subraya el TEDH- podrán disolver un partido si aprecian riesgo de daños a la democracia suficiente y razonablemente próximos mediante un examen minucioso sujeto a un control riguroso europeo. La impugnación de la inscripción registral según el trámite procesal regulado por el artículo 12 de la ley orgánica de 2002 (LOPP) amplía los efectos de la sentencia de disolución de un partido (Batasuna) para incluir también en su ámbito a las formaciones políticas (Sortu) destinadas a continuarla o sucederla en fraude de ley.

No existen indicios materiales de que Sortu sea fruto de una decisión de la banda terrorista ETA

Los criterios fijados por la LOPP para detectar la conexión entre las siglas ilegalizadas y la marca que pretende ocupar fraudulentamente su lugar dependerá de la "similitud sustancial" de ambos partidos: de su "estructura, organización y funcionamiento", de "las personas que los componen, rigen, representan o administran" o de "la procedencia de los medios de financiación o materiales". Esa ventilada lista de indicios alcanza la máxima apertura con una laxa cláusula final: "Cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar esa continuidad o sucesión".

La principal dificultad para dar una respuesta jurídica clara e inequívoca a la cuestión de si Sortu sucede a Batasuna a fin de continuar desempeñando el papel de brazo político de ETA es la incertidumbre reinante en torno a la sinceridad de los propósitos de rechazar el uso de la violencia en el futuro. Desde luego, la participación de los dirigentes de la ilegalizada formación abertzale en el origen y lanzamiento del nuevo partido, lejos de ser un dato secreto descubierto por las fuerzas de seguridad tras una ardua investigación, ha sido pública, reiterada y evidente. Hasta el momento, sin embargo, no existen indicios materiales de que Sortu sea fruto de una decisión de ETA instrumentada a través de Batasuna.

Pero tampoco es seguro que el rechazo a la violencia de ETA del nuevo partido sea irreversible y no una añagaza. Con un reduccionismo simplista impropio de un político veterano, el socialista Jesús Eguiguren ha afirmado que la oposición a la inscripción registral de Sortu se debe exclusivamente a la falta de valentía de Zapatero para hacer frente a las presiones de la derecha y a la falta de patriotismo del PP. El presidente de los socialistas vascos no parece dispuesto a reconocer como eventual causa de ese rechazo el recuerdo aún vivo del timo de la estampita del que fue víctima el año 2005 el presidente del Gobierno cuando se tomó cándidamente en serio -empujado por Jesús Eguiguren- la petición de diálogo de ETA que acabó sangrientamente con el atentado de la T-4 el 30 de diciembre de 2006.

La refinada hipocresía de la ilegalizada Batasuna, destinada a quedar antes o después desenmascarada, y la sinceridad a prueba de bomba de los dirigentes de la izquierda abertzale, convertidos irrevocablemente a la democracia, no son las únicas explicaciones imaginables. Sortu podría ser fiel en el futuro a sus pacíficos estatutos, aunque sus actuales propósitos fuesen ahora ambiguos, o por el contrario retomar el camino de la violencia, con independencia de que ahora lo descarte. Todo dependerá del juego de mayorías y minorías en el seno tanto ETA y de la izquierda abertzale, así como del desenlace de las tensiones existentes entre dos organizaciones unidas durante décadas de forma inextricable pero tal vez metidas ya en vías de divorcio.