Gobierno y Junta exploran vías para mitigar el fallo sobre el Guadalquivir

Los Gobiernos central y andaluz se pondrán a trabajar codo a codo para encontrar "lo antes posible" una solución jurídica "al máximo" que permita a Andalucía tener "mucho peso" en la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, según afirmó ayer el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías.

El Tribunal Constitucional ha anulado el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el que se declara que la comunidad tiene competencias exclusivas sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio. El artículo fue recurrido por Extremadura, gobernada también por los socialistas. El 90,22% de esta cuenca transcurre por Andalucía y el resto afecta a las comunidades de Castilla-La Mancha (7,13%), Extremadura (2,45%) y Murcia (0,20%).

Griñán aboga por la "cooperación" con las otras tres comunidades

La sentencia del alto tribunal, que argumenta en sus fundamentos jurídicos que no se puede fragmentar la unidad de gestión de cuenca, como ya dictaminó en 1988, no ha provocado ningún rechazo social y ni por asomo ha generado un impacto parecido al que se produjo en Cataluña cuando el Constitucional tumbó varios artículos del Estatuto catalán. No hay pues una presión ciudadana en clave de reivindicación autonomista.

Ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central tenían a día de ayer la más remota idea de cuáles serán las vías jurídicas que se van a utilizar para que Andalucía pueda tener una participación decisiva en el control del Guadalquivir. Aunque el fallo trascendió el miércoles, la sentencia se conoció ayer.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantendrán el próximo lunes una entrevista para dar impulso político a la búsqueda de una salida. Griñán dijo ayer en la sesión de control en el Parlamento que buscará la "cooperación" con las otras tres comunidades por las que discurre el río Guadalquivir. Otros dirigentes socialistas insistieron en lo mismo.

Desde Andalucía, son conscientes de que "soluciones para restaurar al 100%" el artículo anulado no existen, según subrayó la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, quien opinó que "puede haber soluciones legales" dentro de la sentencia. "No queremos buscar un atajo al Tribunal Constitucional, sino hacer políticas de agua dentro de los márgenes de la ley", abundó.

Pero en lo que sí están de acuerdo tanto el Gobierno central como el andaluz es que Andalucía "no pierda protagonismo" en la gestión del río, como resaltó el vicepresidente tercero del Gobierno y expresidente andaluz, Manuel Chaves. Este fue el que impulsó la reforma del Estatuto de Autonomía y el que convirtió, junto con los socialistas andaluces y también con Izquierda Unida, la reivindicación de la gestión del Guadalquivir en una de las banderas políticas de la reforma estatutaria.

Chaves resaltó que una de las vías de solución podría venir de la mano del artículo 50 del Estatuto, también recurrido por la Junta de Extremadura, pero declarado constitucional. Este precepto concede a la comunidad la competencia sobre "la participación en la planificación y gestión hidrológica (...) en los términos previstos en la legislación del Estado".

"La voluntad política entre los dos gobiernos es buscar fórmulas que se aproximen lo máximo posible a los que dice el Estatuto", afirmó Zarrías a este periódico. La Junta gestiona el río desde el 1 de enero de 2009.

No hay plazos aún para arbitrar una propuesta, aunque Zarrías confía en no más de un mes. El Gobierno andaluz quiere que PP e IU participen en el acuerdo para mantener el consenso del Estatuto, por lo que además de la comisión bilateral Junta-Estado se ha convocado la comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento autónomo.