El dueño de Afer dice que sus ex socios le denunciaron por miedo a Diputación

El empresario vizcaíno Jabyer Fernández, dueño del grupo Afer, entiende que sus posiciones sobre el caso Iurbenor, abierto en 2009 por la denuncia contra él por varios de su exsocios, se ven ahora refrendadas mayoritariamente tras conocer el auto dictado por el magistrado José María Eguía, en el que quedan sobreseídas las principales acusaciones que recaían sobre él, aunque, eso sí, deberá hacer frente a una petición de juicio oral por insolvencia punible junto a su hermana Susana, que va a recurrir de inmediato.

Fernández, de viaje de negocios en México, subraya, "por esclarecedor y significativo", que en la resolución judicial "se desprende la existencia de una motivación oculta en mis exsocios, que les llevó a efectuar la denuncia. Para él, quienes le acusaron de haberse apropiado de más de 43 millones cobrados en concepto de IVA por la venta de terrenos de la operación urbanística Puerta de Bilbao, querían protegerse con esta acusación "frente a posibles medidas que en su contra pudieran ser tomadas desde el área de Hacienda de la Diputación de Vizcaya.

Alude a que hay pruebas de Michelo Aguirre como cooperador necesario

En su análisis del auto, Jabyer Fernández recuerda que sus denunciantes -Josu Olazaran, Enrique Guzmán, José Manuel Rodríguez Emaldi, Diego Gutiérrez Zarza, Michelo Aguirre y Fernando García Macua- conocían el reparto de buena parte de aquellos 43 millones -distribución que adelantó EL PAÍS- y, además, varios de ellos recibieron importantes cantidades. Entre quienes se vieron favorecidos, Fernández cita a "Enrique Guzmán, Michelo Aguirre, Rodríguez Emaldi y la propia Iurbentia". Además, añade, "parte de esos fondos se utilizó para pagar a José Luis Yela, abogado y socio de Enrique Guzmán en la instrucción penal".

Alentado por el sobreseimiento de varios de los delitos por los que fue denunciado, Jabyer Fernández insiste en advertir "persecución institucional" de la Diputación de Vizcaya contra sus exsocios para que promovieran la denuncia originaria de este caso judicial. En este escenario, incluye cómo la denuncia fue interpuesta en el despacho de Macua, a donde requirió, mediante una llama al entonces viceconsejero de Interior, que acudieran ertzainas.

Pero Fernández tampoco se olvida de las rescisiones de obras importantes de que fueron objeto algunas de sus empresas una vez que estalló su guerra con la Diputación de Vizcaya. Así, alude a la rescisión del frontón de Miribilla una vez ejecutado el 60% cuando la empresa denunció un presupuesto de obra insuficiente y denuncia que "meses después, la terminación del 40% de la obra fue adjudicada con un coste mayor al del 100%". Eso sí, Fernández no se olvida de recordar que la nueva adjudicación recayó en uno de los exsocios que le denunciaron. La situación volvió a repetirse con el colector de saneamiento de Gernika, adjudicada por 9 millones, pero rescindida cuando se llevaba el 50% de la obra. Al final, el trabajo restante costó otros 8,3 millones.

En cuanto al nudo central de la denuncia, para Fernández ahora "queda claro en el auto que no pudo existir delito contra la Hacienda pública ya que la deuda fue declarada íntegramente por Iurbenor en tiempo y forma y se fijaron las medidas para solicitar el aplazamiento del pago".

En cambio, el juez ha visto insolvencia punible en los hermanos Fernández, aunque estos solicitaron el sobreseimiento por entender que "no existen" indicios racionales de comisión de este delito. Más aún, Jabyer Fernández adelanta que en ningún caso tuvo una relación directa con este tipo de prácticas ya que "quien instrumentó todas las operaciones fue el despacho de Macua". Y es que en el auto, Fernando García Macua ve cómo el juez levanta su condición de imputado, al igual que la de Emilio Prieto, ambos vinculados profesionalmente a empresas de Fernández. Ante ello, adelanta que existen "pruebas irrefutables y documentos" sobre un posible caso de insolvencia punible de Michelo Aguirre, señalado en la instrucción como "cooperador necesario" del delito que se le imputa a Fernández.