Negativa de Vizcaya

La Diputación de Vizcaya ratificó ayer que ha denegado a las comisiones que investigan el caso De Miguel en el Parlamento y en las Juntas Generales de Álava los datos fiscales requeridos sobre algunas empresas vinculadas a la supuesta trama, "como también ha ocurrido con otras peticiones de origen distinto". Fuentes de la institución argumentaron que la decisión se ha tomado atendiendo a la normativa vigente, ya que la legislación sobre protección de datos impide facilitar informaciones "sensibles" de contribuyentes que podrían filtrarse después a la opinión pública.

"Hay que tener claro, como los mismos solicitantes saben, que no tiene el mismo valor la petición de una comisión de investigación que la que llega por parte de un juzgado", esgrimieron dichas fuentes, tras confirmar que "se ha dado respuesta" a ambos requerimientos, aunque haya sido negativa. "Todos tenemos derecho a ciertas intimidades", apuntó el diputado de Promoción Económica, Iñaki Hidalgo, a preguntas de EL PAÍS.

La Diputación no quiso entrar a comentar la posibilidad de cambiar la normativa tributaria foral, como se ha hecho en Álava, para superar así las trabas legales y poder remitir la información requerida a ambas comisiones. Las fuentes forales informantes recalcaron que, "en todo caso, es una decisión que corresponde a las Juntas Generales de Vizcaya" y ante la que el Ejecutivo provincial "poco tiene que decir".