El Ejecutivo constata el fracaso del anterior Plan de Vivienda
El Plan Director de Vivienda relativo al periodo 2006-2009, es decir, cuando EB dirigía la cartera, no alcanzó los objetivos previstos de edificación al cumplir solo el 56% de lo planteado en materia de viviendas sociales y un 37% respecto a los alojamientos dotacionales edificados, según el informe de conclusiones aprobado ayer por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal. El texto será ahora remitido al Parlamento.
En el citado periodo, se iniciaron en total 22.098 construcciones, lo que supuso un grado de cumplimiento del 82%. La edificación de viviendas protegidas sí que se aproximó a su objetivo al iniciarse 17.856 alojamientos, un 94% de lo previsto en el plan. En materia de vivienda social y alojamientos dotacionales edificados, se construyeron 1.920 y 589, respectivamente.
El informe señala un "claro desequilibrio territorial" en la promoción de viviendas de protección pública, una desigualdad que el Gobierno quiere corregir con el nuevo plan director 2010-2013.
El plan del cuatrienio 2006-2009 también planteaba que unas 8.500 casas iniciadas fuesen adjudicadas en régimen de alquiler. Solo se cumplió el 58% de lo previsto. Con respecto a la movilización del parque de pisos vacíos para su puesta en alquiler, aspiraba a poner en el mercado 5.000 viviendas. Al cierre de 2009, el programa Bizigune tenía 4.557 casas usadas alquiladas a demandantes de vivienda protegida inscritos en Etxebide.
El Departamento de Vivienda adelanta que 2011 se presenta como un año "especialmente complicado" para el mercado inmobiliario ya que la salida de la crisis "está lejos de visualizarse todavía".
La nueva SPRI
Por otro lado, el Gobierno autorizó ayer el cambio de denominación de la Sociedad para la Reconversión Industrial (SPRI), que mantendrá estas siglas, pero pasará a denominarse oficialmente Sociedad para la Transformación Competitiva. La entidad, dependiente del Departamento de Industria, ampliará también su objeto social para incluir la posibilidad de actuaciones en los sectores del comercio y el turismo.
El Ejecutivo aprobó también una partida de 33,9 millones para financiar las ayudas económicas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
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