El PSOE pide que declaren los jefes del PP en la campaña del 'tamayazo'

El PSOE ha solicitado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que cite a declarar como imputados a los responsables de la organización y de la financiación de los actos de la campaña electoral del PP en 2003, como presuntos autores de un delito de cohecho. Esa campaña fue la primera en la que Esperanza Aguirre se presentó como candidata a la Comunidad, y en la que se produjo la espantada de dos diputados socialistas, conocida como el tamayazo, que impidió un pacto de gobierno del PSOE con IU. Los máximos responsables del PP en Madrid eran Pío García Escudero, ahora portavoz en el Senado, y Ricardo Romero de Tejada.

El PSOE ha tomado esta decisión tras conocer el contenido de un informe de la Policía Judicial que concluye que el acto electoral celebrado el 6 de marzo de 2003 por Esperanza Aguirre en Boadilla del Monte (Madrid), con un coste de 11.449 euros, fue sufragado al 50% por las empresas FCC y Sufi a través de la red Gürtel. Estas dos sociedades habían logrado el contrato para la recogida de la basura en ese municipio y, según la investigación, pagaron una comisión ilegal que acabó sufragando actos electorales del PP.

Según el escrito de la policía, la red pagó a Mato y a su hija un viaje a Suiza

El PSM considera que hubo una concertación previa con la red corrupta

Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno de ellos, el protagonizado por Aguirre- y de los regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los abonos realizados por las empresas privadas al cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, según el informe.

Un apartado de los pliegos de la adjudicación de la basura en Boadilla obligaba a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar campañas de comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del Ayuntamiento. Y en todos los casos, Correa cobraba por esas campañas que no se realizaron. Así, la trama facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP en Boadilla, lo que demostraría la financiación ilegal del PP en la Comunidad de Madrid. El pasado jueves, Pedreira dictó una providencia en la que solicita a los Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda y Madrid información sobre las campañas de publicidad desarrolladas por la empresa Special Events, de Correa, con las que se financiaron al menos cinco actos del PP en Boadilla.Los socialistas reclaman en su escrito al juez que solicite al PP que certifique el nombre de los responsables del partido en la campaña de 2003, y señalan que para abonar el acto electoral de Esperanza Aguirre sobre el Metro ligero tuvo que haber una "concertación previa", teniendo en cuenta "la superioridad jerárquica" de Aguirre sobre el PP de Boadilla del Monte. La petición considera necesario que se "aclaren" los términos en los que fue financiado dicho evento y el grado de participación de las personas que intervinieron en el mismo: "Por eso consideramos esencial la declaración de los responsables de la campaña electoral del PP de Madrid en las elecciones autonómicas y locales de 2003, pues es dicha organización política la que resultó beneficiada por la irregularidad manifiesta cometida por el alcalde de Boadilla".

El informe policial remitido al juez hace dos semanas, y que sirve de base para que los socialistas pidan la imputación de los responsables de la campaña electoral del PP madrileño, no es el primero que la policía entrega al juez sobre la presunta financiación ilegal de los populares. A mediados de 2010, otro exhaustivo documento ofrecía múltiples indicios de financiación ilegal de las campañas electorales del PP en Madrid a través de Fundescam, una fundación del PP que recibía fondos de numerosas empresas privadas contratistas de la Comunidad de Madrid, donde gobiernan los populares desde 1995. "Estos fondos, obtenidos por la Fundación, provienen de empresas privadas a las que se le ha adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en Administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una propensión al intercambio de favores", relata el texto policial, que cita de forma expresa los nombres de importantes empresas y algunos particulares.

Y como conclusión, el informe indica que existen un conjunto de facturas emitidas por Special Events al PP por actos relativos a campañas electorales o al congreso regional, en las que se ha producido un cambio de entidad y/o de concepto. "Es decir, por actos realizados al PP de Madrid o al PP Nacional con motivo de las elecciones realizadas en 2003 y 2004 se emiten facturas con conceptos ficticios. Asimismo, por actos realizados al PP de Madrid, europeo o nacional con motivo de las elecciones autonómicas de 2003, al Parlamento Europeo o generales de 2004, o por el congreso regional del PP de Madrid de 2004 se emiten facturas cambiando la entidad, que pasa a ser Fundescam, y el concepto de la misma". Precisamente en una de estas facturas interceptadas a la trama, uno de los empleados de Correa anotó a mano que el concepto de la misma se cambiaría tras hablar "con el gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez".

La Fiscalía Anticorrupción ya expresó en su día que los hechos eran constitutivos de delito pero que este había prescrito y que salvo que en el curso de la investigación se descubrieran conductas semejantes en años más recientes no podía apoyar la imputación de los dirigentes del Partido Popular.

Por otra parte, el PSOE también ha solicitado a Pedreira que testifique como imputada la parlamentaria del PP Ana Mato, que en 2003 estaba casada con el también imputado Jesús Sepúlveda, como presunta autora de un delito de cohecho al recibir dádivas por parte de las empresas de la trama de corrupción mientras ejercía como cargo público. Según el informe policial, la red de Correa le pagó a ella y a su hija un viaje a Suiza y la estancia en un hotel de lujo.

La factura con la que se abona el viaje de Ana Mato, según el escrito de los socialistas que manejan un informe policial, así como otras facturas a nombre de su exmarido se pagaban mediante ingresos en metálico con origen en la denominada caja B de Francisco Correa. Por su parte, Ana Mato aseguró que ella misma había abonado estos gastos.

Los socialistas recuerdan que en esas fechas Ana Mato era miembro destacado del comité nacional del PP, diputada nacional hasta junio de 2004 y eurodiputada a partir de esa fecha, habiendo ocupado desde 2003 a 2004 el cargo de julio de coordinadora de Organización del PP.