Política antiterrorista

Entre la detención en Bilbao de cuatro activistas con 200 kilos de explosivos y la captura en Francia de lo que parece ser parte de la dirección de ETA, el presidente del Gobierno declaró que la izquierda abertzale no sería legal hasta que ETA desaparezca. Luego matizó: "Lo tendrá difícil mientras ETA esté viva". Es una apreciación política, no jurídica; la legalización de la nueva marca de Batasuna no depende necesariamente de ese factor, aunque los tribunales podrían tenerla en cuenta.

Pero políticamente es relevante. El mensaje es que, en lo que de él dependa, el Gobierno no hará nada por favorecer esa legalización mientras ETA no se disuelva. Por ejemplo, que no hará nada en el terreno penitenciario, como ahora pretende Batasuna al plantear que se acabó la fase de movimientos unilaterales y que en adelante deberá hacerlos el Gobierno en la búsqueda del "acuerdo democrático que solucione el conflicto".

Un fruto de la actual política antiterrorista (acoso policial, ilegalización, rechazo de la negociación) es la necesidad en que se encuentra la izquierda abertzale de ir cada día más allá de lo previsto en su desmarque de ETA. Tras haberse negado a decir nada sobre la captura del grupo detenido en Bilbao, Sortu, su nueva marca, se ha visto obligada a rectificar y pronunciarse sobre planes como el de asesinar al lehendakari López cuando Batasuna ya hablaba de tregua.

La izquierda abertzale trata de convencer a la opinión pública española, y en primer lugar al Gobierno, de que realmente ha cambiado. Pero parece claro que también el Gobierno está interesado en convencer a Batasuna de que su estrategia actual no va a modificarse; que no espere mesas de partidos que formalicen cambios políticos u otras concesiones; que desde la T-4 no hay la posibilidad de que se repitan situaciones del pasado en las que la firmeza en las declaraciones era compatible con diálogos bajo cuerda y promesas de acuerdo. Zapatero y Rubalcaba parecen haber optado por evitar cualquier gesto que pueda interpretarse como disponibilidad para un escenario de ese tipo. Para que los de Otegi comprendan que lo tendrán difícil mientras perviva ETA.

Lo que la izquierda abertzale tiene que acreditar ante el Tribunal Supremo es que ha dejado de ser "instrumento de la estrategia terrorista"; y aunque sea visible el distanciamiento (que no debe ser subestimado a la vista de cómo ha reaccionado históricamente ETA frente a sus disidentes), la estrategia actual de Batasuna mantiene un punto de continuidad con la que durante años ha compartido con ETA: el intento de utilizar la presencia de la banda, aunque sea en condición de amenaza latente, como factor de presión para alcanzar un protagonismo negociador y una influencia política superior a la que le dan sus votos. Esa expectativa (legalidad con ETA presente) retrasa los pasos que aún debe dar Batasuna, y de ahí el interés del Gobierno en subrayar su escasa viabilidad práctica.