El Superior de Madrid analiza si se juzga al jefe de Gürtel junto a Camps
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolverá previsiblemente esta semana varios recursos presentados contra la decisión que adoptó el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, para que los cabecillas de la trama fueran juzgados junto al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en el asunto del regalo de los trajes. Pedreira dictó hace meses un auto en el que señaló que tanto Francisco Correa como su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes, debían ser enjuiciados junto a Camps por ser ellos quienes le sobornaron con trajes y joyas a él y otros altos cargos.
La Sala de lo Penal de Madrid (integrada por los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro) deberá decidir si anula el auto de Pedreira, lo ratifica o bien envía la causa a Valencia para que sean sus colegas los que tomen allí la decisión.
La Fiscalía Anticorrupción es partidaria de que Camps y los otros tres imputados en la causa de los trajes (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos) se sienten en el banquillo junto a los responsables de Gürtel por la conexión entre los donantes de los regalos y los que aparecen como receptores. La Fiscalía pide para Camps en este asunto, por cohecho pasivo, una multa de 41.250 euros. Y es partidaria de que el caso del regalo de los trajes, que ya ha instruido el juez de Valencia José Flors, quede paralizado hasta que se decidida si se une con las diligencias sobre financiación ilegal del PP de Valencia que también ha destapado el caso Gürtel.
Desglose
La causa del regalo de los trajes a Camps está ahora, de hecho, desglosada de la de la presunta financiación ilegal, consistente en que grandes empresas valencianas sufragaron actos del PP a través de la empresa Gürtel Orange Market, que dirigía el Bigotes.
El juez Pedreira también acordó remitir a Valencia el tema de la financiación ilegal y estableció que entre los implicados podía haber aforados, entre ellos, Camps. La decisión de Pedreira fue recurrida por el PP, personado en la causa, curiosamente, como acusación particular, lo que obligó a intervenir a la citada Sala Penal de Madrid, la cual decidió que fuera su homónimo de Valencia la que decidiera qué hacer con el asunto de la financiación ilegal y, en su caso, a quién imputar.
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