El carro delante de los bueyes
De un tiempo a esta parte, los Consejos de Ministros han recuperado un elevado protagonismo como generadores de noticias económicas pero, sobre todo, de proveedores de debates controvertidos. La limitación de velocidad máxima a 110 kilómetros por hora iba acompañada de otra serie de medidas tendentes a reducir la dependencia energética del exterior, como la de aumentar al 7% la cuota de biodiésel, 1,1 puntos por encima de la cifra adoptada hace solo dos meses.
La disposición, que recoge las aspiraciones que viene reclamando el sector hace varios años, plantea sin embargo varias incertidumbres. La más importante, quizás, en consonancia con las últimas circunstancias en varios países europeos, refleja a la perfección un viejo consejo que avisa de las consecuencias de poner el carro delante de los bueyes. ¿De qué sirve elevar esos porcentajes bio si, no solo en las instrucciones de los fabricantes de coches, sino en la propia patronal europea, ACEA, se indica claramente que no deben usarse ese tipo de combustibles, con las repercusiones que podrían tener incluso de pérdida de las garantías?
Los automóviles salen de las cadenas de montaje preparados para los porcentajes vigentes y no para los futuros. Legislar a golpe de BOE o de directiva europea sin contar con algunos de los implicados puede dejar en agua de borrajas las voluntades de defensa medioambiental y reducción de la dependencia energética. La implantación de determinados carburantes con contenidos bio debe tener en cuenta el desarrollo del parque de automóviles en los que se puede utilizar en el horizonte en el que entre en vigor. En la Asociación Española de Operadores Petrolíferos (AOP) ven "serias dificultades" para alcanzar ese 7% por parte del biodiésel. De momento, el Centro Europeo de Normalización, que representa a todas las partes implicadas, no tiene previsto terminar el estándar de calidad de la gasolina hasta mediados de 2013.
En cuanto a la dependencia energética y los precios finales, tampoco falta la polémica. Mientras los productores de biocarburantes agrupados en la patronal APPA denuncian las "importaciones desleales", fundamentalmente de Argentina e Indonesia que acaparan el 59% del consumo y que están subvencionadas por sus respectivos Gobiernos, la Unión de Petroleros Independiente, con una cuota del 9% del mercado, critica las intenciones del Gobierno de reducir esas importaciones, ya que supondría una amenaza para la competencia y encarecería el gasóleo en 24,5 céntimos por litro, casi un 20%.
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