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Análisis:ANÁLISIS

Licenciados por Pujol

Las victorias, al contrario que las derrotas, nunca son huérfanas, aunque no toda paternidad reclamada pueda considerarse legítima sin más. El exministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa se mostraba ayer molesto porque la actual titular, Carme Chacón, no le hubiera invitado al acto conmemorativo de la suspensión del servicio militar obligatorio, hace ahora una década. Quizá fue una falta de delicadeza, pues la firma de Trillo figura al pie del decreto de 9 de marzo de 2001 que licenció al último soldado de reemplazo. Pero aquel decreto no dio la estocada a 200 años de reclutamiento forzoso en España sino, a lo sumo, la puntilla.

Santiago López Valdivielso, responsable de Defensa del PP en 1996 y luego director general de la Guardia Civil, peleó para que el programa electoral con el que Aznar ganó por vez primera las elecciones generales incluyese el fin de la mili, pero no lo logró. Los sectores más inmovilistas de su partido se negaron, y el PP solo prometió reducir su duración de nueve a seis meses, siguiendo el ejemplo de su homólogo francés Jacques Chirac.

Sin embargo, Aznar necesitó de los votos de Convergència i Unió para llegar a La Moncloa. Y en el pacto de investidura con Pujol se coló, a última hora, la profesionalización total del Ejército. Era la guinda con la que se quería disimular una lista de concesiones a Cataluña tan larga al menos como la que le valió a Felipe González feroces críticas por parte de Aznar en la legislatura anterior. Es cierto que Trillo adelantó en un año el cerrojazo previsto en la ley de 1999. Pero no le quedó más remedio. La expectativa del fin de la mili disparó la objeción de conciencia, a la que se apuntaron más de un millón de jóvenes. Fueron ellos los que liquidaron el servicio militar obligatorio. Trillo solo certificó su defunción.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de marzo de 2011