El Gobierno alerta de las carencias en la atención a hijos de maltratadas

La lucha contra la violencia de género avanza y, con ella, también se amplía la visión del problema y sus dimensiones. Sin descuidar a las maltratadas, el foco del Ejecutivo comienza a centrarse también en los hijos de estas. A ellos apuntó ayer la directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, Mariola Serrano, en la Cámara vasca, como el colectivo sobre el que hay que realizar mejoras.

Serrano subrayó que los hijos o menores a cargo de mujeres que sufren la violencia de género "no son meros testigos, sino víctimas directas" de estas agresiones. En la atención a estos hay "detectadas carencias" en diversos informes que se han realizado, entre ellos uno que la directora de Emakunde, María Silvestre, presentará en breves en el Parlamento. Serrano abrió la puerta a adaptar los recursos que se tienen a las necesidades de los hijos de las maltratadas.

59 mujeres recibieron una VPO del cupo reservado a este colectivo

Las ayudas fueron denegadas a cuatro mujeres en 2010 por recibir la RGI

A pesar de esta necesidad de ampliar los focos de la atención de instituciones y asociaciones que trabajan en este campo, también queda trabajo que hacer en el plano de las mujeres. Entre ellos, el económico. Serrano avanzó que, desde este mismo año, las mujeres que reciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) podrán acceder a las ayudas que la dirección otorga a las mujeres consideradas víctimas para que no tengan que depender económicamente de su agresor y puedan alejarse de este.

Hasta el momento, las ayudas que comenzaron a otorgarse en 2008 recogían en su normativa que son incompatibles con la antigua renta básica. Tanto el decreto de RGI aprobado en 2010 como la orden que prepara la dirección de víctimas recogen la nueva compatibilidad. Según los datos aportados por Serrano, en 2010 se concedieron 86 de las 115 ayudas resueltas -14 estaban pendientes de completar la documentación-. Estas ayudas suponen entre 2.556 euros para maltratadas sin personas a su cargo hasta los 10.224. Entre las 29 denegaciones, tan solo en cuatro casos el motivo era la incompatibilidad de la solicitante por estar recibiendo la RGI. La orden de ayudas tuvo que ser ampliada tanto el año pasado como en 2009, algo que la dirección ha achacado siempre al mayor conocimiento de la ayuda que tienen los servicios sociales de los ayuntamientos y las propias afectadas. Para este año, la cuantía presupuestada es de 380.000 euros. Sobre los cupos de vivienda protegida reservados para maltratadas, Serrano explicó que de los 224 expedientes iniciados en 2010 se adjudicaron 59, el 8,5%. Aunque aumenta el porcentaje con respecto a otros años, Serrano argumentó que las bajas cifras pueden deberse a que no todos los municipios realizaron concursos de viviendas protegidas.

Serrano también hizo alusión, preguntada por Aralar, al seguimiento de las mujeres maltratadas que optan por abandonar los centros de acogida. La directora apuntó a las instituciones que los gestionan -diputaciones y ayuntamientos- como las que tienen competencia, pero recalcó que "son capaces de tomar sus propias decisiones; la última decisión siempre está en sus manos", recordó. La directora aseguró que no han recibido críticas en este sentido, pero se mostró dispuesta a recibir propuestas para realizar mejoras.