El Gobierno deja abierto quién asumiría la multa por las 'vacaciones fiscales'

A 48 horas de que las Diputaciones jueguen su última baza en el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo para eludir el pago de una sanción multimillonaria por las vacaciones fiscales, no está claro quién y cómo asumiría el coste de la multa, que discurre por una vía legal paralela. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, anunció ayer que se encargará un informe jurídico para analizar los efectos en Euskadi de la Ley de Economía Sostenible debido a que el texto puede ser interpretado de distintas formas.

Aunque el único responsable institucional ante la Unión Europea sigue siendo el Reino de España, la nueva ley estipula que, en caso de litigio con las instituciones europeas, la sanción deberá ser asumida por el ente responsable, en este caso las Diputaciones vascas, que concedieron en los años noventa de incentivos declarado ilegales en varias sentencias comunitarias.

El Ejecutivo encarga un informe jurídico sobre La Ley de Economía Sostenible

Aguirre: "Estos supuestos nunca se han dado y hay que interpretarlos"

Según Aguirre, las cosas no están claras debido a que esta norma atribuye al Consejo de Ministros la capacidad de determinar la responsabilidad de este tipo de infracciones y el pago de la multa, pero también precisa que todo su contenido se aplicará "sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Concierto Económico". Y este no incluye las multas entre las "cargas asumidas". También añadió que ese matiz "no significa nada" hoy por hoy porque esos supuestos "nunca se han dado y por ello hay que interpretarlo", así que esperará al informe de los servicios jurídicos para pronunciarse de forma definitiva sobre este caso.

En todo caso, recalcó el consejero, "todavía es precipitado posicionarse sobre este tema", debido a que aún "no hay sanción" -de confirmarse que habrá multa, según precisaron fuentes del Ministerio de Economía, esta no llegaría antes de 18 meses-. Aguirre añadió que el Gobierno vasco va a seguir defendiendo los intereses de Euskadi "aquí, en Madrid, en Bruselas y en Luxemburgo".

La Diputación alavesa fue la primera institución en tomar posiciones. A través del teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, el ente foral respondió que "cualquier posible situación que se produzca con las sanciones y multas" por las deducciones fiscales, "deberá discutirse en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico".

"La Ley de Economía Sostenible no modifica la situación actual en relación al pago de las sanciones, porque salvaguarda plenamente el Concierto económico", sostuvo Rodríguez. "Lo que recomendaría a todas las personas interesadas en el tema es que hay que leer toda la Ley", añadió, recordando que el texto alude al régimen especial de la comunidad autónoma vasca.

Fuentes oficiales de la Diputación de Guipúzcoa no se mostraron tan tajantes y se limitaron a explicar que están estudiando la cuestión.

Mañana, la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de Luxemburgo abre el juicio por el recurso de casación presentado por las tres Diputaciones contra la sentencia del 9 de septiembre de 2009 que confirmó la ilegalidad de las ayudas a la inversión que las instituciones forales concedieron a unas 300 compañías. Las Diputaciones consideran que esta será la última esperanza de frenar la intención de la Comisión Europea de imponer una multa multimillonaria a Álava, Vizcaya y Guipúzcoa por hacer caso omiso a las múltiples advertencias comunitarias.

El recurso no cuestiona el fondo de la cuestión y se ha centrado en cuestiones formales. Además, Bruselas no ha variado su postura de exigir sanciones para otras dos polémicas figuras tributarias: las minivacaciones fiscales y el crédito fiscal del 45%.