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COLUMNA

Descontrol con las licencias

No sé si se habrán fijado en que los hosteleros de este país se quejan de todo. Aquí el debate público no lo ocupan propuestas sobre nuestro modelo productivo, sino los reiterados lamentos de los dueños de locales de ocio pidiendo que se cambie todo tipo de leyes para eliminar cualquier restricción que les perjudique. No les gusta que no se pueda fumar. Ni que se prohíba beber a la puerta de sus locales. Querrían ocupar las vías públicas hasta el último metro con sus terrazas. Así como zonas públicas como los paseos marítimos. Los horarios de cierre son dictatoriales. Por no olvidar la más habitual y recurrente de sus críticas, cuando despotrican contra quienes exigen respeto al sueño y descanso de los demás. Oiga, que aquí todos estamos de fiesta, haciendo caja y al que no le guste, pues mire, que se vaya del pueblo.

Sin embargo, a los probos empresarios del sector no les parece todo mal. En concreto, no se escucha crítica alguna de sus asociaciones a cómo funcionan, por lo general, los servicios de actividades de nuestros Ayuntamientos, encargados de dar las licencias y de vigilar que se cumplen las normas. Algo es algo. Probablemente tenga que ver con que, por poner el ejemplo de la ciudad de Valencia, en Ciutat Vella los servicios municipales tienen censados menos de 20 locales, entre discotecas y pubs con ambientación musical, que tengan permiso para mantenerse abiertos más allá de la una de la madrugada. Sí, han leído bien. Una veintena escasa... Pues eso.

No es de extrañar que una gestión administrativa tan deficiente, anclada en la idea de que el mejor control municipal es el que no existe, acabe con escándalos como el de la denuncia de extorsión a cuenta de la licencia de un prostíbulo que ha sido noticia estos días. Es lo que inevitablemente ocurre cuando una Administración, en este caso el Ayuntamiento de Rita Barberá, en lugar de hacer su trabajo se instala en la inacción cómplice con los que no cumplen las normas fomentando, entre el aplauso de los hosteleros, el laissez faire y el descontrol.

Mientras tanto, se está empezando a producir una importante transformación jurídica de mucho calado sin apenas debate ciudadano. Una directiva europea (la de servicios) se ha interpretado en España de modo inédito en Europa como una norma que obligaría a eliminar buena parte de los tradicionales controles administrativos previos sobre estas licencias. La Generalitat Valenciana ya ha publicado un decreto que va en esta línea y permite aventurar qué será lo que nos deparará el futuro. La Administración no concederá las licencias, sino que habrá agentes privados que validarán que los locales cumplen con la legislación y con ello será suficiente para abrir. Hay quien dice que, dado que los Ayuntamientos, en la práctica, apenas si cumplían con sus obligaciones, pues que no pasa nada porque la cosa se oficialice y que, al menos, ahora habrá otros mecanismos de control. A otros, en cambio, nos da un poco de miedo, a la vista de cómo funcionan las cosas por aquí, cómo puede acabar todo esto si se suma a la inacción pública la aparición de una intermediación privada como la que empieza a intuirse. Porque estamos hablando de un campo donde, sin una Administración que inspeccione y supervise con medios y con rigor (aunque sea a posteriori), el abono a la corrupción sería espectacular. ¡Vaya panorama!

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de marzo de 2011