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Las empresas se resisten a que los accionistas voten el sueldo del consejo

La ley de Economía Sostenible obligará a que los inversores se pronuncien

Pese a los avances de la última década, el sueldo de los consejeros y ejecutivos sigue siendo tabú en buena parte de las empresas cotizadas españolas. La mayoría solo se ha rendido a una mayor transparencia a golpe de imposición legal. Las dos únicas recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno que son seguidas por menos de un tercio de las sociedades cotizadas se refieren justamente a la transparencia de las retribuciones. Solo una de cada cinco empresas somete a la votación de la junta de accionistas un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y únicamente el 28,2% de las sociedades cotizadas detalla en su memoria las retribuciones individuales de los consejeros, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Telefónica alegó que someter a voto los sueldos causaría "inestabilidad"

Empresas, bancos y cajas deberán publicar los datos individuales en 2012

Con la ley de la Economía Sostenible (LES), ambos puntos pasarán a ser obligatorios para las compañías cotizadas. Además, esa obligación se extenderá a las cajas de ahorros, que han sido más opacas aún que las empresas y los bancos.

Aparentemente, aún habrá que esperar un año para ese ejercicio de transparencia. La LES entra hoy en vigor tras publicarse ayer en el BOE, y ninguna disposición exime de esa vigencia al artículo que regula el nuevo informe sobre retribuciones a votar en las juntas de accionistas. Pero las fuentes consultadas creen que se aplicará lo dispuesto para los informes anuales de gobierno corporativo, esto es, serán exigibles en su nuevo formato los que vayan referidos a este ejercicio, es decir, los que se publiquen dentro de un año y sean entonces sometidos a las juntas de accionistas.

La ley exige que en los nuevos informes se publiquen con detalle los sueldos individualizados de los consejeros, algo que ya hacen empresas como el Santander, BBVA o Repsol. Entre las explicaciones que dan las que no cumplen esa recomendación, está la de que la información se da de forma agregada para respetar la privacidad y seguridad de los consejeros. Otras alegan que la publicidad de los sueldos puede perjudicar los intereses sociales o que basta con los datos por grupos homogéneos de consejeros para que los accionistas puedan efectuar, de forma efectiva, el control sobre las retribuciones.

Pero, como se ha dicho, la recomendación con menor nivel de seguimiento es la que exige someter a la votación de la junta, aunque sea solo con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Entre las excusas más frecuentes para no cumplir con esta recomendación está la de que no está regulada en la normativa vigente la votación consultiva en la junta general, ni los efectos que se derivarían del resultado de esta votación. Esto es, ¿qué pasaría si lo accionistas rechazan los sueldos ya pagados a los consejeros? Otras disculpas señalan que la política de retribuciones se determina en el consejo de administración y que esa votación sería introducir una distorsión de las atribuciones de competencias entre la junta y el consejo.

Buena parte de las grandes empresas, como Iberdrola, Endesa, Repsol o Telefónica declaran que "cumplen parcialmente" la recomendación porque hacen el informe y lo publican, pero no lo someten a votación, que es lo importante. En casi todos los casos la CNMV se da por satisfecha con esa argumentación. Sin embargo, el supervisor pidió a Telefónica el año pasado explicaciones adicionales sobre por qué no sometía a votación el sueldo de sus consejeros. "Telefónica no lo ha considerado oportuno por entender que no es una materia propia de la junta general y porque, además, al tratarse de un tema sumamente estratégico, su votación podría derivar en un debate abierto en cada junta, generando por tanto inestabilidad e incertidumbre", fue la respuesta de la compañía.

Hasta ahora los accionistas han aprobado los sueldos en todos los casos en que han podido votar y ha habido poco "debate abierto" y poca "inestabilidad" al respecto. Habrá que esperar para ver si la obligatoriedad de las votaciones depara alguna sorpresa, como en otros países.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de marzo de 2011